La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que Cristina Kirchner deberá cumplir con la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, con tobillera electrónica y un régimen de visitas restringido. Así lo establecieron, por mayoría, los jueces Hornos y Barroetaveña, mientras que Borinsky votó en disidencia.

Los magistrados confirmaron las condiciones fijadas por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en el marco de la causa Vialidad, en la que la ex presidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En su voto, Hornos y Barroetaveña justificaron el uso del dispositivo de control electrónico y las restricciones en las visitas al sostener que estas medidas “permiten un mayor control y una protección jurídica ante la posibilidad de riesgos procesales y por la propia seguridad de la actual presidenta del Partido Justicialista”.

Borinsky, por su parte, consideró innecesaria la colocación de la tobillera, al señalar la escasez de estos dispositivos en el país. Además, argumentó que Fernández de Kirchner cuenta con custodia permanente, lo que, según su criterio, garantizaría el control requerido sin necesidad de aplicar esa medida adicional.

Otro de los puntos discutidos fue la continuidad de la pena en el domicilio actual de la exmandataria, a pesar del pedido del Gobierno porteño de modificar la locación debido a conflictos surgidos con vecinos del edificio. La Cámara desestimó el reclamo y ratificó la permanencia en el inmueble ubicado en Constitución.

Por su parte, el fiscal Mario Villar desistió de su solicitud para revocar la prisión domiciliaria y trasladar a la condenada a una cárcel común. Según expresó, la ex jefa de Estado está “cumpliendo con todas las condiciones acordadas”, motivo por el cual no correspondía modificar su situación actual.

Ese mismo día, peritos contables de la Corte Suprema actualizaron el monto que Cristina Kirchner y los otros ocho condenados deberán reintegrar al Estado. Según el nuevo cálculo, la cifra pasó de 86.000 millones a 685.000 millones de pesos. Los involucrados tendrán un plazo de diez días hábiles para realizar el depósito correspondiente; en caso de incumplimiento, la Justicia avanzará con la ejecución de bienes mediante subastas públicas.