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El jefe de Gabinete reafirmó la postura del presidente Milei ante la aprobación de los proyectos en el Senado al declarar que "no tienen indicado cómo se financian".
Tras la aprobación en el Senado de varios proyectos impulsados por la oposición, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos aseguró que "no creo que esté todo roto" el diálogo con los gobernadores y anticipó que con algunos habrá "acuerdos electorales".
En una entrevista con radio Mitre, señaló que "no todos los gobernadores son lo mismo" y diferenció entre quienes "se dedican a gastar" y aquellos que, según su visión, son "más austeros en la administración de los recursos públicos". La postura contrastó con las críticas generalizadas del presidente Javier Milei luego de la jornada legislativa.
Respecto al paquete de leyes aprobadas, reconoció que "varias veces explicamos cuál era el costo de las reformas, pensamos que íbamos a tener otro resultado". A su vez, consideró que parte de los reclamos de fondos de las provincias tienen como finalidad "tener más recursos para enfrentar las elecciones con más disponibilidad".
Uno de los proyectos que avanzó fue el que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. Sobre este punto, Francos indicó que el Poder Ejecutivo "no quiere desprenderse" de esos fondos porque "son para tratar emergencias nacionales".
Y, sobre el aumento del 7,2% en las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, explicó que "el Presidente apunta contra estas leyes que se aprobaron porque no tienen indicado cómo se financian y por la ley de administración financiera eso no es legal". "Las va a vetar. Y si el veto no se sostiene, se judicializarán", agregó. En ese sentido, continuó con los proyectos que obtuvieron media sanción y planteó que "confiamos en poder convencer a un tercio de los diputados o un tercio de los senadores para que no las ratifiquen".
Entre los temas que generaron tensión figuran también la suba del bono mensual a jubilados, que pasaría de $70.000 a $110.000; el destino de un fondo especial de $200.000 millones para Bahía Blanca, pese al veto presidencial; y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles, iniciativa promovida por gobernadores de la oposición.
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