Este lunes por la mañana en el Ministerio del Interior, se concretó la segunda reunión formal del Consejo de Mayo, encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Escudos y reunió a representantes del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales, gobernadores, referentes sindicales y empresariales.

Los ejes discutidos giraron en torno a los diez puntos que componen el acuerdo firmado por 18 gobernadores, entre los que se incluyen la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, y reformas tributarias, laborales, previsionales y educativas. La intención oficial es avanzar en estos temas antes de fin de año, una vez definido el nuevo mapa legislativo.

Participaron del encuentro el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo. En representación del sector sindical estuvo Gerardo Martínez (UOCRA), mientras que por el sector empresario se presentó Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). También formaron parte el secretario de Trabajo, Julio Cordero, la secretaria técnica del Consejo, María Cecilia Domínguez Diacoluca, y funcionarias del Ministerio de Desregulación.

Según se informó, el Gobierno pretende delinear propuestas legislativas que puedan sostenerse en la etapa parlamentaria que se abrirá tras las elecciones legislativas. Una de las prioridades es avanzar en una reforma laboral que propone Sturzenegger porque contempla un sistema "moderno" para abordar la informalidad.

También se retomaron temas que habían sido tratados en la primera convocatoria del Consejo, realizada el 24 de junio en Casa Rosada. Desde entonces, la relación entre el Ejecutivo y los gobernadores se tensó, especialmente después de que el Senado aprobara proyectos sobre la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, respaldados por mandatarios provinciales pero objetados por el Gobierno.