En las últimas horas, la Justicia citó a indagatoria a Héctor Guerrero, cabo primero de la Gendarmería Nacional, acusado de disparar al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión en la marcha de jubilados del 12 de marzo.

Según el pedido de indagatoria, la hipótesis surge a partir de que "el disparo del proyectil que derivó en las lesiones sufridas por Grillo, provino por parte del personal de la Gendarmería Nacional Argentina que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero". Por esta razón, se le prohibió al gendarme salir del país y se ordenó realizar una reconstrucción del hecho con el objetivo de determinar con precisión la distancia desde donde se efectuó el disparo, la posición del tirador y la de la víctima.

El peritaje, que es parte de la investigación, tendrá como objetivos determinar la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Grillo desde su origen hasta el punto de impacto, calcular la velocidad alcanzada por el proyectil desde el disparo hasta el momento del impacto, y establecer la posición exacta en la que se encontraba el arma al efectuarse el disparo, incluyendo el ángulo de salida del proyectil.

Además, se deberá analizar si el proyectil impactó en alguna superficie antes de herir al fotógrafo, y en caso afirmativo, cómo esa circunstancia pudo haber modificado su velocidad o trayectoria. Finalmente, se deberá precisar la ubicación de Pablo Grillo al momento de recibir el disparo, así como la del imputado Héctor Guerrero en el momento en que efectuó el disparo. La audiencia de indagatoria está programada para el 2 de septiembre a las 10 de la mañana.

Mientras tanto, es importante recordar que Gendarmería cerró en tiempo récord el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión del 12 de marzo frente al Congreso, sin formular reproches disciplinarios. Además, Guerrero, señalado como quien disparó contra Grillo, continúa en funciones.

Por su parte, la familia de Grillo, que es querellante en la causa judicial, denunció que el expediente interno "revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación". En ese sentido, los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS advirtieron que "el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes".