En la causa por la expropiación de YPF, la Procuración del Tesoro informó que una docena de gobiernos y organismos internacionales presentaron apoyos a favor de la Argentina. Estos respaldos se incorporan al expediente en el que se definirá la validez del fallo de la jueza Preska, que dispuso un pago de US$ 16.000 millones más intereses mediante acciones de la petrolera.

El listado de presentaciones está encabezado por Estados Unidos, Israel, Italia y Francia, además de Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania. También sumaron pronunciamientos la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute y la American Bankers Association.

En relación a la posición estadounidense, la Procuración señaló que “el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado por tercera ocasión en un año su apoyo a la República Argentina a través de la presentación de un amicus curiae advirtiendo en sus argumentos que la postura de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario”.

Ese respaldo, indicó el organismo, “se suma a las presentaciones anteriores que el Departamento de Justicia realizó en noviembre de 2024 bajo la administración Biden y en julio de 2025 bajo la presidencia de Donald Trump, apoyando la defensa argentina”. La Procuración también remarcó que “en el caso de Israel es la primera vez que ese gobierno se presenta como amicus curiae en una causa de esta naturaleza”. Por su parte, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalijá, destacó que “el gobierno de Javier Milei, a través del trabajo coordinado entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras áreas del gobierno, ha logrado un apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país”.

La audiencia de apelación está prevista para el 29 de octubre, donde se debatirá la sentencia de fondo. En ese marco, la Procuración afirmó que “el gobierno nacional continuará ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país, procurando una solución justa y compatible con el marco jurídico vigente”.