Nuevo informe del Vaticano sobre los abusos sexuales a menores: la necesidad de indemnizar a la víctimas
El trabajo publicado por una comisión pontificia firma que las víctimas que los denuncian sufren "represalias perturbadoras" por parte de miembros de la Iglesia.
En su segundo informe anual, la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores afirmó que las víctimas de los abusos sexuales por parte del clero siguen sufriendo “represalias perturbadoras” de los líderes de la Iglesia Católica por denunciar estos hechos. También denunció que la “resistencia cultural” frena la lucha contra la violencia en muchas diócesis y señaló las “grandes disparidades” entre las regiones.
Por primera vez 40 víctimas contribuyeron a la elaboración el documento, algunos de la cuales denunciaron presiones por parte de responsables de la institución, más de 20 años después de las primeras revelaciones a gran escala en Estados Unidos, Según la AFP.
El documento de 103 páginas presentado el mes pasado al Papa insiste en las reparaciones a las víctimas con apoyo psicológico, disculpas públicas e indemnizaciones económicas.
La Comisión sostiene que la Iglesia Católica tiene la obligación moral de ayudar a sanar a las víctimas de abusos sexuales del clero e identificó las indemnizaciones financieras y las sanciones para los abusadores y sus facilitadores como remedios esenciales, según la AP.
El reporte compilado con aportes de docenas de sobrevivientes indicó que los acuerdos monetarios son necesarios para proporcionar a las víctimas las terapias y otra asistencia necesaria para ayudarlas a recuperarse del trauma de su abuso.
El proceso está envuelto en el secreto, de modo que las víctimas no tienen derechos a obtener información sobre su caso más allá de conocer su resultado, que a menudo llega después de una espera de años. Las víctimas no tienen un recurso real más allá de hacer pública su historia.
El Papa Francisco multiplicó las medidas contra la proliferación de los abusos sexuales, pero el secreto de confesión sigue siendo absoluto y el clero no está obligado a denunciar posibles delitos ante la justicia civil, salvo que las leyes del país lo exijan.
Se estableció que las sanciones fueran “tangibles y proporcionales a la gravedad del crimen”. Aunque la reducción al estado laico es un posible resultado para los sacerdotes que violan niños, la Iglesia a menudo se resiste a expulsar por completo a los sacerdotes. Frecuentemente, impone sanciones menores, como un período de retiro.