La Cámara Federal porteña confirmó la validez del trámite que impulsa la elevación a juicio de la causa en la que el ex presidente Alberto Fernández está procesado por presunta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, al rechazar los planteos de nulidad presentados por su defensa.

El fallo fue emitido por la sala II del Tribunal de Apelaciones, con el voto mayoritario de los jueces Irurzun y Farah, mientras que Boico se pronunció en disidencia. La defensa, a cargo de la abogada Carreira, había solicitado anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio presentados por la fiscalía y la querella. Sostuvo que la acusación particular fue presentada fuera de término y que la prórroga del plazo concedida para su presentación se otorgó de manera irregular.

En la resolución, los jueces Irurzun y Farah afirmaron que en materia de nulidades “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se acreditó “un perjuicio concreto para la defensa”. También recordaron que los planteos de la defensa “ya habían sido tratados y desestimados” por el mismo tribunal, y remarcaron que “la existencia de recursos pendientes no constituye óbice para la continuación del proceso”.

Respecto al requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Ramiro González, los magistrados señalaron que “el dictamen fiscal cumple los requisitos de motivación que le impone el artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación”. Agregaron, además, que si la defensa entiende que la producción de prueba no fue agotada, podrá hacerlo valer “al momento de contestar la acusación”.

En su voto disidente, Boico sostuvo que debía declararse la nulidad de la acusación formulada por la querella de Fabiola Yañez y dar por “decaído” su derecho a presentar el requerimiento por haberlo hecho fuera del plazo legal. También cuestionó el cierre de la etapa de instrucción “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa”, lo que, a su entender, configuró “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas”.

El magistrado propuso reenviar el expediente al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, para que determine si corresponde ordenar las pruebas pendientes antes de resolver la elevación a juicio. La causa fue reasignada luego del apartamiento del juez federal Julián Ercolini, quien había iniciado los trámites para el envío del expediente a juicio oral.