En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Amnistía Internacional difundió un informe que muestra que en los últimos dos años, Argentina atraviesa el mayor desmantelamiento de políticas públicas para mujeres y diversidades. Con recortes, eliminación de áreas específicas y presupuestos en caída libre, las organizaciones advierten que miles de personas quedan sin atención estatal en un país donde ocurre un femicidio cada 35 horas, según el último informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Desde diciembre de 2023, la administración de Javier Milei desarmó de forma sistemática los programas e instituciones creadas para prevenir y atender la violencia de género. La decisión de eliminar las áreas especializadas dejó al país, por primera vez en casi cuatro décadas, sin un organismo con competencias exclusivas para esta problemática.

El ajuste en los números

El presupuesto destinado a las políticas de prevención y asistencia cayó 89% desde 2023. En paralelo, se dieron de baja 13 programas estratégicos, entre ellos los dispositivos de apoyo urgente ante violencias extremas y el Programa Acercar Derechos (PAD), que sólo entre julio de 2023 y febrero de 2024 acompañó a más de 59 mil mujeres y diversidades con asistencia jurídica y psicosocial.

“Lo que ocurre en Argentina es parte de una ofensiva global, organizada y bien financiada, que busca frenar los avances de las mujeres y diversidades”, advirtió la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

Línea 144: menos presupuesto, menos personal y pérdida de especificidad

La Línea 144 de asistencia a los casos de violencia de género sufrió una gran transformación. El servicio, creado como herramienta central para atender casos de violencia de género, fue redefinido como un canal general para “cualquier persona en situación de violencia”.

Esa modificación, que según Amnistía desdibuja su razón de ser, ocurre en un marco de fuerte debilitamiento institucional:

* La línea perdió dos tercios de su presupuesto en 2024,
* Su planta de trabajadoras se redujo un 45%, 
* En el proyecto de Presupuesto 2026 directamente desaparece su partida específica.

Entre 2019 y 2023, la 144 intervino en más de 93.000 casos. Pese a esa demanda, desde 2024 se registró una caída del 32% en las comunicaciones vinculadas a violencia de género, un descenso que organizaciones interpretan como un indicador de menor capacidad operativa y menos acceso al servicio.

Programa Acompañar, al borde de la parálisis

Creado en 2020, el Programa Acompañar permitió que más de 350.000 mujeres en situación de riesgo accedieran a apoyo económico para salir de vínculos violentos. Actualmente, su continuidad está comprometida, ya que su presupuesto se desplomó 90% y se endurecieron las condiciones de acceso. 

El retroceso también se extiende a los derechos sexuales y reproductivos, donde Amnistía detectó un triple aumento de denuncias por obstáculos para acceder a la Interrupción Voluntaria o Legal del Embarazo.

El Estado nacional, advierte la organización, no adquirió ni distribuyó insumos esenciales de IVE/ILE durante 2024 y 2025: desde misoprostol hasta anticonceptivos y test de embarazo. La distribución de insumos para salud sexual cayó 81% en un año, profundizando las desigualdades territoriales: el acceso hoy depende, en buena parte, del lugar donde se vive.

A esto se suma el desmantelamiento del Plan ENIA, que logró reducir casi a la mitad el embarazo adolescente desde 2018. Para 2026, el programa quedó sin financiamiento: según ACIJ, se ejecutaría menos del 3% de lo invertido en 2023.

Crecen la violencia digital y los ataques contra periodistas

El informe también advierte sobre el aumento de la violencia digital: acoso, doxing, deepfakes y campañas de hostigamiento, especialmente dirigidas a periodistas y comunicadoras que trabajan temas de género.

Amnistía identificó un “incremento pronunciado” de ataques, con impactos directos en la libertad de expresión y el debate público. La organización detalló casos recientes denunciados ante la CIDH, donde se expusieron agresiones físicas, campañas de difamación, amenazas, uso de IA para ataques y demandas judiciales orientadas a silenciar voces críticas.

Uno de los ejemplos mencionados es el de la periodista Julia Mengolini, quien denunció haber sufrido una campaña de violencia digital sin precedentes, amplificada por casi 100 mensajes del presidente a través de la red X.

“Cuando las víctimas son mujeres, la violencia toma formas específicas: insultos sexualizados, ridiculización física, amenazas a la familia”, señaló Lucila Galkin, directora de género de Amnistía Argentina.

El desafío internacional que espera a la Argentina en 2026

A comienzos de 2026, el país deberá explicar este escenario ante el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas, encargado de supervisar el cumplimiento global de las obligaciones en igualdad de género.

Para Amnistía, el recorte de programas, la ausencia de organismos específicos y la falta de políticas activas ponen a Argentina en riesgo de incumplir compromisos internacionales y abrir la puerta a responsabilidades ante el sistema de derechos humanos.