El estudio jurídico relacionado con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, resolvió dejar de representar a Maximiliano Ariel Vallejo, directivo de Sur Finanzas y con relación directa con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La decisión se formalizó en medio de las actuaciones judiciales y administrativas que analizan el funcionamiento de la compañía y las operaciones atribuidas al financista.

Los abogados Augusto Nicolás Garrido y Pablo González eran quienes actuaban como representantes de Vallejo dentro del “Estudio Cúneo Libarona Abogados”, firma que continúa en manos de los hermanos del ministro. Desde el entorno de Cúneo Libarona remarcan que, tras asumir su cargo en el Poder Ejecutivo, se mantuvo al margen del ejercicio profesional y que esa condición incluye cualquier actuación privada del estudio.

El expediente principal se encuentra en la Justicia en lo Penal Económico, donde se ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Vallejo. La presentación inicial provino de la Dirección General Impositiva y está radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, conducida por Cecilia Incardona. La investigación había comenzado en abril de 2024, cuando la Dirección Regional Sur detectó movimientos de fondos en la billetera virtual de Sur Finanzas realizados por usuarios que, según el informe, “carecían de capacidad operativa, económica o financiera” para manejar montos millonarios. Ese análisis sostuvo que a través de la plataforma se habrían canalizado $818.000.000.000 cuyo origen, en principio, sería ilícito.

Otra denuncia presentada por el área de control tributario del Gobierno señala que Vallejo habría eludido entre 2022 y 2024 más de $3.300 millones correspondientes al Impuesto al Cheque. Ese documento también describe que la compañía expandió su volumen de actividad en los últimos cuatro años y que, a partir de su relación con Tapia, se posicionó como sponsor y prestamista en distintos clubes del fútbol de primera división.

Paralelamente, continúa en trámite la causa impulsada por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, en la que se indaga el movimiento de fondos asociado a Sur Finanzas dentro de la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entonces a cargo de Diego Spagnuolo.