El Partido Justicialista (PJ) difundió un comunicado en el que cuestionó la reforma laboral promovida por el Gobierno y la vinculó a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El texto ubicó el proyecto dentro de una serie de medidas que, según la conducción partidaria, buscan modificar las condiciones de trabajo en un escenario económico marcado por la caída de la actividad y el empleo.

Dentro del documento, la fuerza política sostuvo que “los peronistas no nos oponemos a una reforma, nos oponemos a la precarización laboral disfrazada de reforma” y planteó la necesidad de “un Estado que marque el rumbo y no legalice abusos”. También afirmó que el país no debería transformarse en “el laboratorio de precarización del FMI”, para lo cual reclamó apuntar a “un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI”.

La evaluación económica incluida en el comunicado describió un deterioro generalizado en la actividad productiva. El PJ señaló que “desde finales de 2023, se han cerrado más de 19.000 empresas (casi 30 por día) y se han destruido más de 276.000 empleos formales (más de 432 por día). No es un fenómeno aislado: es un ataque al corazón productivo nacional”. A partir de ese diagnóstico, el partido indicó que “las leyes laborales no son el problema”, y atribuyó las dificultades al “desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito”.

La conducción partidaria advirtió además que “la reforma laboral que impulsa el Gobierno no nace en Argentina, nace en Washington, es parte del pliego de condiciones del FMI”. En ese mismo tramo del comunicado, se mencionaron los efectos de las modificaciones aprobadas previamente: “Ya hemos visto el resultado de la primera fase de su plan de flexibilización laboral, escondido en la Ley Bases: no sólo no creció el empleo, sino que la destrucción de puestos de trabajo se aceleró”. Y volvió a señalar que la iniciativa oficial “busca consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo: menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos”.

Hacia el final, el PJ reunió una serie de criterios que, a su entender, deberían orientar un debate sobre nuevas regulaciones laborales. Entre los puntos mencionados se incluyeron “la recuperación del salario”, la “reducción de la jornada laboral para que el trabajador recupere libertad y pueda administrar mejor el tiempo de trabajo, cumpliendo sus obligaciones de manera más eficaz” y diferentes líneas de actualización normativa.

En ese listado, el partido detalló la necesidad de “garantizar la desconexión digital; ampliar las licencias parentales y cubrir a monotributistas; prevenir accidentes laborales y trastornos de salud mental; y efectivizar la siempre postergada participación en las ganancias de los trabajadores”, criterios que la fuerza señaló como prioritarios en cualquier reforma.