El Senado de la Nación dio sanción definitiva al presupuesto general de gastos y recursos para el año 2026, marcando un hito al tratarse de la primera ley de este tipo aprobada durante la presidencia de Javier Milei. Después de semanas de debate en ambas cámaras del Congreso, el proyecto que había sido enviado por el Poder Ejecutivo recibió el aval del cuerpo legislativo, aunque no sin una fuerte discusión política y maniobras que reflejaron las polarizaciones del momento.

La aprobación del presupuesto 2026 se dio con un respaldo mayoritario dentro del oficialismo y aliados, 46 votos afirmativo, pero también con críticas desde sectores de la oposición que cuestionaron el perfil fiscal austero y las prioridades de gasto establecidas en la ley. Los legisladores que respaldaron el texto destacaron que el documento es coherente con los objetivos del gobierno de avanzar hacia un equilibrio fiscal, reducir el déficit y alinear los recursos con metas de crecimiento económico, aunque reconocieron que esto implicará ajustes en programas sociales y subsidios.

Entre los ejes centrales que se incorporan en el presupuesto 2026 figura la continuidad de la reducción gradual de subsidios económicos, especialmente en los rubros de energía y transporte, en línea con la política que el Ejecutivo viene impulsando desde 2023. El gobierno defiende este enfoque argumentando que contribuye a liberar recursos públicos para áreas prioritarias y a mejorar la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Por su parte, la oposición advirtió que recortes demasiado profundos podrían afectar a sectores de menor ingreso y profundizar desigualdades.

La discusión parlamentaria también incluyó el tratamiento de partidas destinadas a seguridad, salud, educación y obras públicas, con señalamientos cruzados entre oficialismo y oposición sobre el impacto de los recortes o aumentos en cada uno de esos rubros. Mientras algunos senadores resaltaron la importancia de priorizar la inversión productiva y la eficiencia del Estado, otros advirtieron que ciertas áreas sensibles podrían ver reducida su capacidad de respuesta si no se compensan ajustes con recursos adecuados.

La sanción del presupuesto 2026 no solo tiene implicancias económicas, sino también políticas: representa una prueba de fuerza legislativa para el oficialismo en un Congreso fragmentado, donde la construcción de mayorías no siempre es automática y exige acuerdos con bloques aliados y representantes provinciales. El debate también puso sobre la mesa diferencias de visión sobre el rol del Estado y las prioridades en materia de política pública en Argentina y a retos como la inflación, la pobreza y las tensiones sociales.

Con la aprobación en el Senado, el presupuesto 2026 quedó definitivamente convertido en ley y estableció las líneas de gasto y recursos para el próximo año, perfilando la hoja de ruta económica del gobierno de Milei y marcando un nuevo capítulo en las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el rumbo fiscal del país.