Durante la madrugada del 31 de diciembre, un apagón de gran magnitud dejó sin suministro eléctrico a más de un millón de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires. La interrupción del servicio se produjo en un contexto de alta demanda energética y expuso limitaciones operativas del sistema, mientras el restablecimiento avanzaba de manera parcial a lo largo de la mañana y persistían zonas sin luz.

A lo largo de las horas posteriores al corte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad realizó un seguimiento del evento y advirtió sobre el nivel de exigencia que presentaba la red al momento de la falla. En ese marco, el organismo señaló: “Durante el seguimiento en tiempo real del evento, el ENRE detectó una cantidad significativa de cables operando por encima del 100% de su potencia nominal, así como transformadores con niveles de cargabilidad alarmantes, lo que evidencia una red altamente exigida y con escaso margen operativo”.

La empresa Edesur, que concentró la mayor cantidad de interrupciones del servicio, informó que el origen del apagón estuvo relacionado con un desperfecto técnico en el sistema de la subestación Bosques. Según los registros oficiales, a las 4 de la madrugada se contabilizaban 998.414 hogares sin suministro eléctrico dentro de su área de concesión. Al referirse a este punto, el ENRE indicó: “Se trata de una falla en instalaciones bajo responsabilidad de Edesur, en un contexto de infraestructura muy tensionada, que refuerza la necesidad de las exigencias y controles que el regulador viene realizando sobre la distribuidora”.

El episodio se produjo bajo la órbita de competencia directa del Estado nacional, que regula el servicio eléctrico en el AMBA a través del ENRE tanto para Edesur como para Edenor. En ese marco, la Secretaría de Energía informó que a lo largo de 2025 se aplicaron 108 sanciones a ambas distribuidoras por un monto total de $53.750 millones. De ese total, Edesur acumuló 45 penalizaciones por $41.393 millones, mientras que Edenor recibió 63 sanciones por $12.357 millones, montos que, según se indicó, se acreditan automáticamente en las facturas de los usuarios alcanzados.

Además, desde la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, se comunicó que fue remitida una nota técnica al ENRE con una comparación de los planes de verano 2025-2026 presentados por las distribuidoras. En ese documento se solicitó reforzar específicamente el plan de Edesur al considerar que presentaba mayores riesgos operativos. En el análisis se detallaron tres aspectos centrales: la presencia de más subestaciones y redes exigidas, una menor cantidad de cuadrillas por usuario y la falta de definiciones precisas respecto de los tiempos de reposición del servicio ante eventuales fallas.