El operativo incluye el ingreso de personal judicial y fuerzas de seguridad a las oficinas centrales de la organización sindical, ubicada en el barrio de Constitución.

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Familiares y vecinos convocaron a una movilización en Santo Tomé mientras avanza la investigación judicial y crece el reclamo para que el caso no quede impune.

Este viernes por la tarde en la ciudad santafesina de Santo Tomé, se hará una marcha en reclamo de justicia por Jeremías Monzón, el adolescente de 16 años asesinado durante un ataque de extrema violencia a fines de diciembre de 2025. Fue impulsada por familiares, amigos y vecinos del joven y apunta a que nadie quede impune y a visibilizar la propuesta de crear una norma que lleve el nombre de la víctima.
En las últimas horas, el caso volvió a generar conmoción luego de que comenzara a circular en redes sociales un video que registra el momento del ataque. La difusión de esas imágenes provocó indignación y múltiples denuncias, además de un profundo impacto en el entorno de la familia.
Ante esa situación, los padres de Jeremías solicitaron frenar la circulación del material. El abogado que los representa, Bruno Rugna, confirmó que ya se inició una investigación para determinar cómo se viralizó el video y quiénes fueron los responsables de su difusión. “Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca”, expresó el letrado.
De acuerdo a los datos incorporados a la causa, el adolescente fue atacado por tres menores dentro de una fábrica abandonada. Dos de ellos son inimputables por su edad, mientras que la tercera persona involucrada, una joven de 16 años que era pareja de la víctima, quedó a disposición de la Justicia juvenil.
En paralelo al reclamo judicial, el caso reactivó el debate sobre la edad de imputabilidad. Desde el entorno de la familia impulsan la denominada “Ley Jeremías”, que propone reducirla a los 12 años. “Porque quien tiene conciencia para matar, debe tener responsabilidad para pagar”, sostienen quienes promueven la iniciativa.

El operativo incluye el ingreso de personal judicial y fuerzas de seguridad a las oficinas centrales de la organización sindical, ubicada en el barrio de Constitución.
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