La causa por el asesinato del adolescente Jeremías Monzón, ocurrido en diciembre pasado en la ciudad de Santa Fe, registró un avance significativo luego de que la policía detuviera a la madre de la joven de 16 años que ya está imputada por el homicidio. La medida fue ordenada por el fiscal Francisco Cecchini, que encabeza la investigación del caso, y se basa en sospechas sobre una posible participación de la mujer de 40 años en la trama delictiva o en haber colaborado de alguna forma con los hechos bajo análisis judicial.

La detención se produjo en la ciudad de Santa Fe y la mujer quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación, en tanto la justicia continúa reuniendo pruebas y evaluando nuevas hipótesis en torno a su posible implicancia. Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre qué rol se le atribuye exactamente, en resguardo del proceso y por la reserva judicial que rige en causas con menores de edad, pero fuentes de la investigación indicaron que hay elementos que hacen sospechar de su injerencia directa o indirecta en el homicidio.

El crimen de Jeremías, de 15 años, conmocionó a la comunidad santafesina y al país por la extrema violencia con la que fue cometido, luego de que la víctima fuera citada a un predio abandonado y atacada con varios cuchillos. El cuerpo fue hallado en un galpón del barrio Chalet, y los primeros avances de la causa identificaron la participación de tres menores de edad, dos de ellos de 14 años y la principal acusada de 16 años, que permanece detenida en un centro de menores.

La detención de la madre de la adolescente representa un nuevo giro en una causa que ya había reabierto el debate público sobre la edad de imputabilidad penal y la violencia entre jóvenes, ya que la brutalidad del ataque y la viralización de imágenes y videos del hecho generaron indignación en distintos sectores de la sociedad. La justicia ahora deberá determinar con precisión si la mujer actuó como autora intelectual, colaboradora u omitió acciones que facilitaron el homicidio, con peritajes, análisis de dispositivos incautados y otras diligencias en curso.

Familiares de la víctima y organizaciones sociales han reclamado avances en la investigación y mayor protección para menores en situaciones de riesgo, mientras que las autoridades judiciales trabajan en ampliar la red de pruebas para sostener las imputaciones en el proceso penal.