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La justicia española archivó la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas

La Fiscalía decidió cerrar la causa por falta de jurisdicción, al considerar que no puede investigar hechos presuntamente cometidos fuera de España.

La justicia española archivó la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió este 23 de enero de 2026 archivar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual, trata de personas y otros abusos, tras concluir que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar el caso.

La denuncia había sido presentada a principios de mes por dos exempleadas del artista, una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta, que aseguraron haber sufrido agresiones sexuales y maltratos laborales cuando trabajaban para Iglesias en sus residencias de República Dominicana y Bahamas en 2021. La acusación también incluía presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado.

En el decreto de archivo, la Fiscalía explicó que los hechos denunciados ocurrieron fuera del territorio español, que ninguna de las denunciantes reside en España y que el cantante no mantiene en el país su centro de vida o actividad personal o profesional relevante, por lo que no se dan los requisitos legales para que la Justicia española pueda instruir la causa.

Las organizaciones que acompañaron a las denunciantes, como Women’s Link Worldwide, lamentaron la decisión y señalaron que la Fiscalía no analizó el fondo de las acusaciones, sino que se basó de manera técnica en criterios de jurisdicción, lo que, a su juicio, deja sin investigar los hechos denunciados.

Iglesias, por su parte, negó las acusaciones desde el comienzo, afirmando en comunicados difundidos por su equipo que nunca ha abusado ni maltratado a nadie, y celebró el archivo de la causa al subrayar que la justicia confirmó la falta de base legal para seguir investigando en España.

La Fiscalía aclaró que esta decisión no impide que las denunciantes puedan presentar sus reclamos ante las autoridades judiciales de los países donde presuntamente ocurrieron los hechos o en otras instancias competentes, pero el caso en España queda cerrado por el momento.