En el marco de un paro de 48 horas, trabajadores judiciales ocuparon este lunes el edificio central de la Justicia Nacional del Trabajo, ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo al traspaso de competencias a la órbita porteña previsto en el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno.

La medida fue resuelta en asamblea y definida como una acción de “emergencia” frente a lo que consideran un intento de “desmantelamiento” del fuero laboral nacional. La toma se extendió hasta las 9:30 y dio paso a un cese total de actividades en todo el fuero, mientras que para mañana fue convocada una movilización a las 11.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación denunció en un comunicado “la gravísima situación que atraviesa el Fuero Nacional del Trabajo” y confirmó que “se dispuso un cese de actividades en toda la Justicia Nacional del Trabajo con el acompañamiento de todos/as los/as judiciales y nuestra Comisión Directiva”. El gremio también advirtió sobre un “atropello a los derechos laborales” y sostuvo que la reforma implica una “entrega” de la justicia laboral, además de constituir “una avanzada sobre la independencia y la protección de los derechos de los trabajadores”.

El punto más cuestionado es el artículo 91 del proyecto, que aprueba el acuerdo de transferencia de la función judicial en materia laboral entre la Nación y la Ciudad, con un plazo de 180 días para concretar el traspaso de jueces, infraestructura y competencias. La norma establece que la Justicia Nacional del Trabajo “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia” y que, una vez formalizado, “se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución”.

Según denuncian desde el gremio, el esquema convertiría al fuero nacional en “residual”, ya que las nuevas demandas ingresarían directamente a la Justicia porteña, mientras los jueces actuales quedarían limitados a los expedientes en trámite. Esto implicaría el cierre de juzgados y la suspensión de concursos para cubrir vacantes, una situación que también generó rechazo en la Asociación de Magistrados.

El conflicto se da en un contexto de alta tensión en el microcentro porteño y reaviva el debate sobre la autonomía de la Ciudad, luego del fallo “Levinas” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoció al Superior Tribunal de Justicia porteño como instancia revisora previa en causas de los fueros nacionales con asiento en CABA.