El presidente Javier Milei instruyó a la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, a aplicar multas millonarias contra los gremios de trenes y colectivos que se adhirieron al paro general convocado el pasado 19 de febrero.

Según pudo saber Noticias Argentinas, las sanciones económicas alcanzarían cifras millonarias: alrededor de 70 mil millones de pesos para la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y 20 mil millones de pesos para La Fraternidad.

Las penalidades se deben a que ambas organizaciones sindicales participaron de la medida de fuerza impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) pese a que se encontraban bajo un proceso de conciliación obligatoria.

Cambio de estrategia del Gobierno

En un primer momento, dentro del Gobierno se evaluó avanzar con una medida más severa: la quita de la personería gremial a los sindicatos involucrados.

Sin embargo, la administración libertaria decidió modificar la estrategia y optar por sanciones económicas, luego de que los gremios incumplieran el procedimiento legal de conciliación laboral dictado por el Estado.

“Lo que buscábamos era dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Deben cumplir con la ley”, sostuvo una fuente oficial al tanto de la decisión.

El argumento oficial: incumplimiento de la conciliación obligatoria

La decisión se tomó tras considerar que ambos sindicatos vulneraron el procedimiento de conciliación obligatoria vigente al momento del paro.

En el caso de la UTA, la conciliación había sido dictada el 10 de febrero y se extendía hasta el 26 de ese mes. Para La Fraternidad, el proceso se había iniciado el 4 de febrero con el mismo plazo de finalización. Desde el Gobierno sostienen que la adhesión a la huelga en ese contexto constituye una violación directa del procedimiento laboral, por lo que habilita la aplicación de sanciones.

Advertencia a los sindicatos

Mientras esperan el pago de las multas, en la Casa Rosada aseguran que la decisión representa una “nueva oportunidad” para los gremios de regularizar su situación.

No obstante, también advierten que, en caso de que las organizaciones sindicales desconozcan o se nieguen a pagar las sanciones, el Ejecutivo podría volver a evaluar la alternativa más dura: avanzar con la quita de la personería gremial.