Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios que continúan en funcionamiento recaudaron más de $8,2 billones y acumularon un superávit cercano a los US$3.000 millones. Aunque se trata de recursos con destinos específicos establecidos por ley, principalmente vinculados con obras de infraestructura, la administración nacional destinó solo una parte de lo recaudado a sus objetivos originales.

Según el análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales, los fideicomisos ejecutaron apenas el 55,8% de los recursos durante 2024, el 69,5% en 2025 y el 69,7% durante el primer trimestre de 2026. El excedente terminó siendo colocado en instrumentos financieros bajo la órbita del Ministerio de Economía, en una estrategia que prioriza el sostenimiento del déficit cero.

El superávit financiero de estos fondos alcanzó los $1,86 billones en 2024 y los $1,23 billones en 2025, equivalentes a US$1.978 millones y US$973 millones respectivamente, según el tipo de cambio oficial promedio de cada año. Además, durante el actual ejercicio las planillas presupuestarias estiman colocaciones por $1,33 billones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos, lo que permitiría disponer de unos US$880 millones adicionales.

La estrategia también modificó el destino de los activos no utilizados. Mientras anteriormente parte de los fondos permanecía en plazos fijos del Banco Nación, ahora una porción importante se dirige directamente hacia instrumentos de deuda del Tesoro. De mantenerse esta dinámica, proyecciones privadas y de centros de estudio estiman que los excedentes acumulados por los fideicomisos podrían acercarse a los US$4.000 millones al finalizar los primeros tres años del Gobierno.

La subejecución impactó especialmente en proyectos de infraestructura. De los 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación, uno de los casos más afectados es el Fondo de Integración Socio Urbana, cuyas transferencias cayeron 94%, provocando la paralización de 636 proyectos de infraestructura básica y viviendas en barrios populares. Situaciones similares se registran en fondos destinados al transporte y a la infraestructura hídrica.

Así, mientras los fideicomisos acumulan recursos y aumentan sus colocaciones financieras, obras viales, mantenimiento de rutas, proyectos hídricos y tareas de saneamiento permanecen frenados o avanzan a un ritmo menor. El esquema refleja una tensión entre el objetivo del Gobierno de preservar el equilibrio fiscal y el destino original de fondos creados por ley para financiar obras y atender necesidades específicas de infraestructura en todo el país.