El impacto financiero de los fenómenos climáticos extremos alcanzó niveles sin precedentes a escala global. Según estimaciones internacionales, los desastres naturales generan pérdidas anuales que escalan hasta los 850.000 millones de dólares. Esta suma supera holgadamente el Producto Bruto Interno de naciones en desarrollo como la Argentina y equivale al 14 % del crecimiento económico global.
La cifra resulta del impacto acumulado por huracanes, sequías, olas de calor extremo, incendios y sismos de gran magnitud. Los recientes eventos destructivos en la región y el mundo reflejan un escenario donde no solo se lamentan miles de vidas humanas, sino también la destrucción masiva de infraestructura crítica, redes energéticas, carreteras, puertos y zonas agrícolas.
El deterioro del panorama global coincide con el avance del negacionismo climático promovido por administraciones como la de Donald Trump. Frente a esta realidad, la Coalición para la Infraestructura Resiliente ante Desastres, impulsada desde la India, busca coordinar estrategias de financiamiento y previsión para evitar la pérdida de desarrollo en países vulnerables.
A pesar de que Argentina forma parte de esta alianza internacional compuesta por más de 70 naciones, actualmente no mantiene proyectos activos con el organismo. Representantes de la entidad confirmaron que la reactivación de los planes de asistencia técnica depende del interés que manifieste la gestión de Javier Milei para proteger la estructura productiva local.

En contraste, otros países latinoamericanos como Chile trabajan activamente con la coalición en el mapeo de sus redes energéticas para prevenir colapsos ante catástrofes. Desde el organismo explicaron que el acompañamiento busca fortalecer las capacidades locales tanto en la preparación previa a la crisis como en la reconstrucción posterior del tejido afectado.
El incremento de eventos extremos como las olas de calor que superan los cincuenta grados o los aludes destructivos obliga a los Estados a priorizar inversiones resilientes. En un contexto global adverso, la falta de proyectos de contingencia expone a la infraestructura nacional a sufrir severos daños económicos ante la ocurrencia de emergencias climáticas.