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La fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, dictaminó a favor de revocar el fallo de la jueza Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años imputado por tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires.
La representante del Ministerio Público respaldó el recurso de la fiscalía de primera instancia y dejó la definición en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña, integrada por Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza.
El expediente se inició a raíz de un episodio ocurrido el 10 de septiembre, en el que un hombre de 47 años fue perseguido por un grupo de adolescentes hasta que la intervención de agentes policiales impidió el arrebato. Tras la detención, De Marinis, titular del Juzgado N°3 del fuero, decidió no aplicar la Ley 27.801, normativa vigente desde el 5 de septiembre que fijó la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años, para sobreseer al imputado debido a su situación de vulnerabilidad social.
Al fundamentar su resolución, la jueza precisó que la decisión se limitaba a las circunstancias particulares del joven, quien se encontraba fuera del sistema educativo y enfrentaba dificultades alimentarias. La magistrada sostuvo que someterlo a un proceso penal resultaría regresivo y afirmó: “No es un mensaje de impunidad”, al tiempo que remarcó que la ley continuaba en aplicación respecto de los demás adolescentes involucrados en el hecho.
En respuesta, los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, apelaron la medida argumentando que la inconstitucionalidad debe ser un recurso excepcional. Los fiscales afirmaron que la jueza se atribuyó facultades reservadas al Congreso de la Nación, afectó el principio de división de poderes y confundió la responsabilidad penal con el desarrollo del proceso, por lo cual solicitaron la revocación del sobreseimiento y el apartamiento de De Marinis.
De forma paralela al trámite judicial en el tribunal de alzada, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó institucionalmente contra la titular del juzgado. A través del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, el Poder Ejecutivo local presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político de De Marinis por presunto mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho.
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