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En la víspera del proceso electoral en Brasil, donde su hijo Flavio Bolsonaro compite como candidato del Partido Liberal (PL), el equipo legal de Jair Bolsonaro presentó una revisión criminal ante el Supremo Tribunal Federal para solicitar la anulación de su condena a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.
La presentación judicial, remitida al magistrado Kassio Nunes Marques, incluye un pedido de medida cautelar para suspender de forma inmediata la ejecución de la pena que el ex mandatario cumple en prisión domiciliaria y permitir su liberación provisional.
La estrategia se fundamenta en un informe técnico que señala la presencia de "diversas irregularidades" en la cadena de custodia de las evidencias digitales del caso, lo que habría impedido auditar la totalidad de los elementos probatorios. Entre los puntos señalados destacan las conversaciones de Signal obtenidas del teléfono del teniente coronel Mauro Cid, ex edecán de Bolsonaro, las cuales fueron documentadas mediante filmaciones de la pantalla del dispositivo en lugar de un peritaje directo, además de la falta de entrega de los archivos originales pertenecientes al propio exjefe de Estado.
Para respaldar las objeciones sobre la verificación de las pruebas, los abogados invocaron los recientes debates del Supremo Tribunal Federal vinculados al expediente que involucra al juez Alexandre de Moraes y al ex banquero Daniel Vorcaro. En ese marco, la defensa apeló a las posturas expresadas por magistrados y por la Fiscalía General sobre los límites que el sistema acusatorio fija para la labor investigadora de los jueces y las garantías relativas al acceso irrestricto de las partes al material probatorio.
Bajo esa misma línea argumental, la representación legal sostuvo que la incorporación inicial de Bolsonaro a la causa por difusión de noticias falsas, que sirvió como base para la posterior imputación por golpismo, omitió la revisión del pleno de la Corte Suprema durante su mandato presidencial. Según el escrito, dicha omisión constituyó una vulneración directa al reglamento interno del máximo tribunal en las etapas preliminares del juzgamiento.
El recurso elevado ante la Corte corresponde a la presentación concretada el 25 de septiembre, la cual reemplazó a un trámite similar ingresado el día previo pero retirado por desavenencias internas entre los abogados del ex mandatario. Mientras el alto tribunal evalúa la procedencia del pedido, la definición sobre la medida cautelar se mantiene como un punto central en la agenda judicial y política brasileña.
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