El presidente Javier Milei y su ministro de Economía , Luis Caputo, fueron denunciados por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La presentación ante la Justicia fue realizada por el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano y quedó radicada en el Juzgado Federal 4. "Presenté una denuncia penal contra el Presidente y el ministro de Economía por desobediencia y abuso de autoridad", anunció en la red social X. "Los sucesos que motivan esta denuncia evidencian que el Poder Ejecutivo Nacional, en particular las áreas de jefatura de Estado y de la cartera de economía, persiste deliberadamente en el incumplimiento de una orden judicial firme", expresó Solano, quien realizó la presentación bajo el patrocinio de la abogada Liliana Alaniz. 

La Ley 27.795 conmina al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente y a recomponer las becas para los y las estudiantes universitarios. Tal como repasa la presentación judicial, la norma fue aprobada por el Congreso, vetada parcialmente por el Presidente -mediante el Decreto 759/25-, dejando sin efecto el artículo 5 que ordenaba la recomposición salarial, y, luego, ratificada por ambas Cámaras, lo que deja firme su entrada en vigencia. Sin embargo, la Casa Rosada se niega a instrumentar la norma bajo el argumento de que rompe el equilibrio de las cuentas públicas y de que la oposición no estableció el origen de los fondos para cubrir el costo de dicha medida.

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo para pedir el cumplimiento inmediato de la normativa. Tras ser admitido el recurso, el Ejecutivo apeló la medida. Tras otro revés, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que lo desestimó, dejandro firme la cautelar.

El 6 de octubre pasado se dictó sentencia definitiva haciendo lugar al amparo y declarando la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025. Pese a que la demandada apeló pretendiendo dar por "agotada" la cautelar, el 9 el juez ratificó "expresamente que la medida cautelar se encuentra plenamente vigente y que su ejecución continúa en el incidente respectivo".

"La situación actual demuestra una persistencia deliberada en el incumplimiento de una orden judicial firme por parte del Poder Ejecutivo Nacional, prolongada durante meses y con afectación directa sobre el sistema universitario público", afirmó Solano en el escrito.

El Gobierno, mientras tanto, afirma que la Ley de Financiamiento Universitario no se está incumpliendo, sino que está "interrumpida". Continúa con su narrativa de que la norma forma parte de un "ataque político" enmarcado en la campaña electoral de 2025 para romper el equilibrio fiscal. Y señaló que aún no definió cómo actuará frente al último fallo judicial.