Tras provocar demoras en algunos vuelos de Ezeiza y Aeroparque con un “paro a la japonesa”, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que endurecerá su plan de lucha en todos los aeropuertos del país. A través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el gremio anunció que entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre realizará una retención de tareas en los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), un sector clave para atender emergencias aeronáuticas.
La primera jornada de protesta arrancó este viernes a las 6:00 y se concentró en el control terrestre, donde los empleados aplicaron al pie de la letra cada reglamento y protocolo sobre aeronaves, vehículos, documentación y personal en pista, mientras el área administrativa frenó sus actividades. El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, explicó que buscaron visibilizar la crisis salarial y presupuestaria sin abandonar sus responsabilidades, aclarando que la medida priorizó la seguridad operacional y nunca contempló cancelar vuelos, aunque los controles estrictos estiraron los tiempos de embarque y asistencia en tierra.
La continuidad del conflicto fue resuelta por la Coordinación Nacional de trabajadores del organismo ante la falta de respuestas oficiales. El reclamo apunta contra el congelamiento de parte de los sueldos desde principios de 2026, acumulando más de diez meses sin mejoras, la ausencia de paritarias desde hace tres años y la falta de recursos para operar.
Desde el sindicato exigieron una recomposición acorde con las tareas aeronáuticas y remarcaron que la ANAC recauda más de 220.000 millones de pesos. Según ATE, ese dinero debería destinarse a sostener los servicios, comprar equipamiento y mejorar los haberes, pero apuntaron contra decisiones de distintas áreas del Gobierno nacional a las que calificaron como discriminatorias.
Además de las medidas de fuerza en las terminales, ATE-ANAC llevará el reclamo al plano internacional con presentaciones ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). Allí buscarán denunciar el desfinanciamiento del organismo y los presuntos incumplimientos de recomendaciones globales sobre dotación de personal y condiciones salariales.