A 531 días del asesinato de Fernando Báez Sosa, el grupo de homicidas, compuesto por Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, permanece detenido en  en la Alcaidía Departamental N°3 de Melchor Romero, en La Plata bajo el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Los ocho jóvenes continúan siendo amigos y comparten un celular para comunicarse con el mundo exterior que se lo turnan entre las cuatro celdas de tres metros por tres metros. Allí el único día en el que reciben visitas es el lunes, de 8 a 12, y solo pueden encontrarse con sus mamás, papás, hermanos y hermanas o novias. En principio, sólo uno de ellos había anotado a una novia, pero desde hace meses que la joven no va a verlo, según informó TN.

“Durante estos meses exhibieron cambios de conducta muy notorios, con cuadros depresivos”, informaron y sostienen que la principal causa es el cambio por la pandemia: desde marzo de 2020 los encuentros junto a sus familias se llevan a cabo con las medidas de bioseguridad (distancia social y uso de barbijos y alcohol en gel), sin contacto físico.

El grupo, que está aislado del resto de la población carcelaria, está alojado en el pabellón N° 6, donde, al igual que el resto de los presos, cuentan con tres horas de pati, siendo este el único lugar que los permite encontrarse a todos. Además, revelaron que no hay un líder definido y que todos están alineados con las mismas actitudes. Hay un hermetismo claro, nadie de ellos ni de su circulo dialoga con la prensa ni lo hará.

“Nunca hicieron pedidos especiales. El teléfono celular que tienen recibe únicamente llamados y mensajes de texto. No poseen redes sociales ni WhatsApp. Pero mantienen un perfil bajo, ni siquiera han solicitado ingresar un televisor para las celdas o algún otro aparato tecnológico. Sienten que todas las personas los odian y con ello el temor de la agresión física, dado que la verbal es constante, aunque en los últimos meses disminuyó", expresaron.

Todos tienen la sensación de que los pueden atacar en cualquier momento por otros grupos carcelarios. “Son un problema para la unidad penal porque al Estado no le quedaría otra que hacerse responsable si algo les sucediera. Si los trasladan a otro lugar y les pasa algo, si la vida y la salud de ellos se pone en peligro, la responsabilidad es del Estado”, concluyeron.