El comunicado abordó el rol institucional del tribunal, los límites de su intervención y los criterios que rigen el avance de las causas judiciales.

Rosenkrantz respondió versiones sobre el accionar de la Corte Suprema
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El presidente de la Argentina se pronunció en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur.

En la antesala a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, el Gobierno de Uruguay anunció que negociará acuerdos comerciales por fuera de la estructura de este proyecto de integración.
La decisión se dio a conocer mientras los cancilleres de los países socios del bloque intentaban sin éxito acercar posiciones sobre el tema y sobre la reducción del Arancel Externo Común (AEC) para acelerar una apertura comercial.
Sobre ese punto y en el marco del acto que marcará el traspaso de la Presidencia Pro Témpore desde la Argentina hacia Brasil, el presidente Fernández se pronunció al respecto.
“El Mercosur es un bloque regional, abierto al mundo, con negociaciones activas, con 7 contrapartes que comprenden 36 naciones. Nuestra posición es clara, creemos que el camino es cumplir con el tratado de Asunción, negociar juntos y respetar la figura del consenso”, partió por señalar el mandatario argentino.
En este sentido, resaltando la “defensa del estado de derecho”, Fernández reparó que “es importante honrar los contratos fundacionales que como Estados de derecho nosotros firmamos. El tratado de Asunción y el protocolo de Ouro Preto diagraman sabiamente el marco de nuestro proceso de toma de decisiones”.
“Nuestros Estados son los responsables de sus decisiones. Por otro lado, nos regimos por el principio del consenso (...) El consenso siempre ha evitado tomar decisiones que impacten o perjudiquen a uno o varios miembros. Gracias al consenso buscamos llegar a un espacio común de acuerdo. El consenso es el camino”, cerró el mandatario.
En adición a las palabras del presidente, la decisión del Gobierno de Uruguay de comenzar a conversar con terceros países fue interpretado por voceros de la Cancillería Argentina como un incumplimiento del Tratado de Asunción, el documento fundacional del bloque firmado en 1991 por los estados miembro.
Fuentes en la Cancillería acusaron a Uruguay de "incumplir con el fundamento del Tratado de Asunción", indicando además que "en particular se incumple con el artículo primero del Tratado, en lo que se refiere a contar con una política comercial común con respecto a terceros", y no sólo con la Resolución 32 del 2000 argumentada por Uruguay.
El artículo primero del Tratado determina que el Mercado Común implica "el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales".

El comunicado abordó el rol institucional del tribunal, los límites de su intervención y los criterios que rigen el avance de las causas judiciales.
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