Lo aseguró el vocero presidencial en su primera conferencia de la era de Javier Milei.
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En total murieron 2.996 personas, incluidos los 19 secuestradores terroristas, así como ciudadanos de 78 países, uno de los cuales fue Argentina donde un enfermero, un bombero y tres empresarios perdieron la vida en las Torres Gemelas.
Este sábado 11 de septiembre se cumplen nada más y nada menos que 20 años de los atentados terroristas que tuvieron lugar en los Estados Unidos nucleando el secuestro de un total de 4 aviones.
2 estrellados en el World Trade Center sobre las Torres Gemelas, 1 en el cuartel general militar del Pentágono y el resatnte, el famoso vuelo 93 de United con destino a California, que terminó impactando en un campo ubicado en las afueras de Pensilvania.
En total murieron 2.996 personas, incluidos los 19 secuestradores terroristas, así como ciudadanos de 78 países, uno de los cuales fue la Argentina donde un enfermero, un bombero y tres empresarios perdieron la vida en el atentado sobre en las Torres Gemelas.
Tanto este punto, así como el impacto posterior en la reconfiguración del concepto de la seguridad en el escenario internacional es conocido, el interrogante de cara a este nuevo aniversario está en el impacto que pueda llegar a tener la desclasificación de archivos ordenada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
La orden ejecutiva, además, tiene el propósito de escuchar los reclamos de diferentes grupos de familiares de víctimas que llevan años intentando saber si el Gobierno del Reino de Arabia Saudita estuvo implicado o no en los ataques.
Esto es algo que lógicamente lleva varios años siendo cuestionado e inclusod desde este espacio se amenazó a Biden con boicotear su asistencia a los homenajes previstos en Nueva York si seguían postergando la publicación de estos archivos.
En la orden ejecutiva firmada se puntualizó la importancia de mostrar transparencia ante las víctimas y sus familiares y es a través de esto que se obliga al Departamento de Justicia, así como a las agencias de inteligencia a que revisen todos los documentos previos y posteriores al atentado comenzando su desclasificación progresiva, un proceso que podría llevar unos seis meses.
El objetivo se basa en esclarecer investigaciones paralelas que vinculan a numerosos ciudadanos sauditas con la preparación de los atentados del 11 de septiembre.
Y si bien se demostró la relación de estas personas con varios de los secuestradores de los aviones, jamás se inculpó de manera oficial al Gobierno de dicho país. Pero los grupos de familiares de víctimas del atentado lograr imponer una demanda en un tribunal federal de Nueva York que alega que los funcionarios sauditas brindaron un apoyo significativo a algunos de los secuestradores.
Es por esto que cientos de familiares de víctimas buscan que esta Nación, un aliado histórico de los Estados Unidos en Medio Oriente, rinda cuentas y se pueda demostrar o aclarar su posible implicancia.
Las protestas en las últimas semanas apuntaron que las diferentes administraciones norteamericanas (Bush, Obama y Trump) buscaron obstaculizar sus demandas de documentos, al tiempo que apuntaron sobre el inspector general del Departamento de Justicia a investigar la incapacidad del FBI para localizar fotografías, vídeos y otros registros.
El encono con este país está en que además de Osama Bin Laden, 15 de los 19 secuestradores eran de Arabia Saudita. Pero la realidad es que la Comisión del 11 -S, el grupo de estudio bipartidista creado por el presidente Bush y el Congreso señaló que no encontró evidencia de la participación del gobierno saudí en los ataques.
La comisión, además, aplaudió a la administración por su intervención en Afganistán después del 11 de septiembre de 2001 e instó a realizar un esfuerzo con todos los recursos necesarios para construir un gobierno estable en ese país.
La comisión concluyó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) no habían evaluado adecuadamente la amenaza que representaba Al-Qaeda.
El informe marcó que el fracaso más importante tanto en la comunidad de inteligencia como en la de políticas fue uno de imaginación, en la comprensión de la profundidad de la amenaza que planteaba al-Qaeda.
Además, no es la primera vez que se desclasifican documentos: En 2016 se hicieron públicas 28 páginas de la primera investigación del Congreso sobre los ataques terroristas.
La administración Obama, de la cual Biden fue vicepresidente los 8 años, desclasificó esos documentos secretos que se guardaron cerca de 13 años citando razones de seguridad nacional pero lógicamente que lo que se desclasifica tampoco representó grandes avances para este grupo de familiares de víctimas.
Lo aseguró el vocero presidencial en su primera conferencia de la era de Javier Milei.
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