Los casos de corrupción en nuestro país abarcan amplios ámbitos de operación y personalidades de todos los rubros. Una larga cantidad de expedientes aguardan por un veredicto, aunque casi la mitad de ellos se encuentran estancados desde hace tiempo.

Los números no mienten: sobre más de 1.000 casos en trámite, el 46% de ellos, que involucran a funcionarios públicos y empresarios que ya fueron acusados e indagados por distintos delitos, están pendientes de resolución.

Así lo reveló el diario La Nación, que se basó en la información recolectada por el Consejo de la Magistratura para llevar a cabo una auditoría sobre esas causas.

La afirmación oficial indica que casi la mitad de los casos de corrupción en los juzgados federales de la Capital no registran movimientos. Si bien en estos casos el juez ya interrogó a los imputados, aún no se ha tomado una decisión para avanzar.

El número escala hasta el 77% cuando se trata de causas en trámite en las que los magistrados no dispusieron siquiera la citación a declaración indagatoria.

A la espera quedaron cientos de funcionarios, empresarios y otros personajes públicos como "rehenes" de una resolución judicial que probablemente se demore varias décadas.

Los datos relevados hasta ahora por distintas ONG calcularon, en promedio, que el largo trámite de los grandes casos de corrupción demora unos 15 años.

Los expedientes, al momento en que el Consejo tomó la muestra -noviembre de 2016-, llevaban un trámite, en promedio, de 5 años en Comodoro Py.

"La Justicia es tolerante con el poder de turno y es feroz cuando esa gente deja el poder. En lugar de funcionar como una instancia de control del poder, la Justicia funciona como parte del juego al que debería controlar", sostuvo el fiscal federal Federico Delgado.

El funcionario advirtió: "Se privilegia confeccionar un expediente prolijo por sobre solucionar el conflicto. Es una cuestión cultural: separan la ley de la Justicia".