Personal de la Comisaría 6ª reportaron que el ataque se efectuó en su vivienda tras una discusión. Al arribar al domicilio, el hombre realizó dicha declaración.
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Más de una decena de clínicas, hospitales y sanatorios adelantaron su exigencia de que exista la "objeción de conciencia institucional" para que de esa forma no se realicen abortos en esos establecimientos, en caso de que avance la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Así lo manifestaron, entre otros, la Casa Hospital San Juan de Dios, la Clínica San Camilo, la Clínica Bazterrica, la Clínica y Maternidad Santa Isabel, la Clínica Del Sol, la Fundación Fleni, el Hospital Universitario Austral y el Sanatorio Mater Dei.
Se sumaron también instituciones como el Hospital Privado Universitario de Córdoba, todos los médicos del Hospital Materno Neonatal de Misiones, y este vienes habrá una convocatoria para apoyar a los médicos del área de Ginecología del Hospital de Iturraspe, de Santa Fe, en la que todos los profesionales se oponen a la posibilidad de realizar la práctica.
De esa forma, la presión por la inclusión en el proyecto que analiza ahora el Senado de de la "objeción de conciencia institucional" crece.
Fernando Iúdica, director del Hospital Austral, consideró que el proyecto de ley al que dio media sanción la cámara de Diputado atenta "contra la libertad".
"Se tiene derecho a abortar pero no a decir yo no lo hago", sentenció el especialista.
"La objeción de conciencia personal es difícil de llevar a cabo. Normalmente podía hacerse antes de un acto médico que no estaba en línea con los ideales del profesional. Ahora va a haber un registro, que va a llevar sus tiempos. Desde la institución buscamos una objeción institucional: es apuntar a buscar la libertad", indicó Iúdica.
Para el facultativo, "el proyecto de ley habla de la autonomía, la libertad y la integridad de una persona. Esos mismos derechos se han revertido: se tiene derecho a abortar pero no a decir yo no lo hago".
"Buscamos que los senadores revisen este aspecto de la ley, que accedan a que las instituciones que no están de acuerdo con la práctica, no tengan que hacerla. Va a ser muy difícil obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer", advirtió Iúdica.
