La investigación comenzó a partir de la declaración testimonial de la exesposa de Oscar Centeno, un chofer asignado a Baratta en el Ministerio de Planificación Federal, hecha a fines del 2017. Desde ese momento, el juez federal Claudio Bonadio ordenó una serie de detenciones, allanamientos y pedidos a indagatoria.

Durante la noche del viernes, Bonadio ordenó las detenciones de los ex funcionarios kirchneristas Claudio Uberti y José María Olazagasti y los empresarios Juan Carlos Lascurain y Raúl Vertúa, como parte de la investigación por los cuadernos de las supuestas coimas durante el gobierno anterior.

El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Lascurain y el contratista de obra pública Vertúa se encontraban detenidos en la noche de este viernes. 

Lascurain se había presentado el jueves en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno y protagonizó una brutal pelea con camarógrafos y periodistas al retirarse.

El exfuncionario de la UIA fue detenido a principios de este año por haber recibido un adelanto de una obra en Río Turbio que nunca empezó pero luego fue liberado.

Uberti estuvo bajo la lupa en 2008 cuando compartió vuelo con el empresario venezolano Guido Antonini Wilson en el que este intentó ingresar a la Argentina con dos valijas con 800 mil dólares. Su caso se complicó a partir de la declaración de Luis Betnaza, director de Techint.

La situación de Olazagasti también se puso más difícil tras la declaración de Betnaza que lo nombró como uno de los ex funcionarios de Planificación Federal que encaraban una suerte de "embajada paralela" con Venezuela y le pidieron coimas para que el gobierno argentino de ese momento intercediera ante Hugo Chávez por la complicada situación de las empresas que el grupo tenía en ese país.

Vertúa estuvo días atrás ante Bonadio para brindar testimonio en el marco de la causa por el pago de coimas durante la gestión del kirchnerismo, ya que su empresa abandonó la obra del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), por la que habría cobrado 733 millones de pesos.