Comienza este miércoles el juicio con jurados populares contra 13 policías por el crimen de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo durante un operativo de control de seguridad en agosto de 2020, en Córdoba.

El proceso, que comienza este miércoles, se extendrá, al menos, por 25 audiencias. Por las características especiales del caso y sobre todo por la cantidad de personas que intervienen, se dispuso esta sala especial para las 100 personas que van a estar presentes. Y para garantizar la publicidad del proceso, en otras tres salas se transmitirá además el juicio", explicaron a Cadena 3 fuentes judiciales.

Según consta en la investigación, la madrugada del 6 de agosto de 2020, Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo junto a cuatro amigos compañeros de colegio, entre ellos Blas, todos de 17 años en aquel entonces, quienes habían acordado encontrarse para ir a un bar.

Cuando circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, se cruzaron con un control policial de prevención y los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad.

En su testimonio, Echeverría dijo que se asustó porque cuando estaba por detenerse observó que uno de los policías empuñaba un arma y lo apuntaba a la cabeza, por lo que aceleró.

Mientras los agentes notificaban la evasión, el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el auto en el que se movilizaban los jóvenes "con intención de matarlos", según el requerimiento de elevación a juicio.

Por su parte, el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), que también se encontraba en el puesto de control, "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha "a sabiendas que no había justificación legal para ello".

"Gómez y Alarcón desplegaron las conductas supra descriptas abusando de su función, en contra de la normativa que regula el debido uso de las armas reglamentarias por parte de las fuerzas de seguridad", sostiene la acusación.

Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó en la zona de la escápula derecha de Correas, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por el traumatismo de tórax provocado por el proyectil. Otro de los disparos atravesó el apoyacabeza y la capucha de otro de los ocupantes y pasó a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, los policías 'plantaron' un arma en la escena, con el objetivo de simular un enfrentamiento.

Por lo expuesto, Gómez y Alarcón son los más complicados de los 13 imputados: están señalados como 'coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos-'. El resto de los oficiales enfrentan cargos por falso testimonio, encubrimiento calificado y omisión de los deberes de funcionario público.

En paralelo, se tramita otra causa contra tres empleados del sanatorio Aconcagua (Sergio Casalino Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo), imputados por 'abandono de persona' y 'omisión de auxilio', por negarse a atender a Blas cuando sus amigos lo llevaron a ese centro de salud.

Ayer, en una conferencia de prensa junto a la madre de la víctima, Soledad Laciar, la organización Amnistía Internacional Argentina comprometió su “acompañamiento y monitoreo” del juicio. Por su parte, la madre del adolescente dijo que lo que pasó con su hijo “dejó al descubierto la manera de obrar de la policía de Córdoba”, como así también la “falta de compromiso del Gobierno provincial”, al afirmar que “hay responsabilidades políticas que no están en este juicio”.