Tras la confirmación de que Evo Morales dispondrá de un nuevo mandato como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el país transita dividido entre dos realidades: un oficialismo que dice no entender los cuestionamientos al proceso electoral y denuncia un intento de golpe de Estado y una oposición que afirma (incluso desde antes de los comicios) el fraude. 

Así las cosas, tanto en apoyo hacia quien gobierna el país desde el año 2006, como en rechazo a su Gobierno, las movilizaciones por ambos lados y las huelgas generales impulsadas desde la oposición continúan alterando el día a día y el normal funcionamiento del país. 

Esto tiene como resultado sintético el choque en algunos departamentos del país entre quienes paran y aquellos que buscan romper estas medidas. Sin embargo, la escalada de violencia tuvo un grave antecedente en el día de ayer. 

En las últimas horas, dos personas murieron en medio de un grave enfrentamiento entre manifestantes opositores y oficialistas en la ciudad de Montero, ubicada a 60 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, el departamento opositor por excelencia en Bolivia. 

Se trata de Mario Salvatierra, de 60 años y Marcelo Terrazas, de 48, las primeras víctimas en medio de la incertidumbre política y la consecuente crisis social generada tras las elecciones del domingo 20 de octubre. 

Permanece como interrogante la militancia de ambas personas fallecidas, así como los autores de los disparos que les quitaron la vida pero, indistintamente a este punto, el hecho marca una profundización del conflicto que mantiene a una sociedad fuertemente polarizada. 

El escenario desde sus comienzos parece haber entrado en un punto muerto para su eventual resolución, al menos en lo que a lo político responde: el Gobierno de Morales, si bien cuenta con un respaldo genuino y mayoritario, continúa utilizando su militancia como fuerza de choque al tiempo que recrudece su discurso planteando un escenario de “Patria o muerte”. 

Por su parte quien fuera el candidato desde la oposición, Carlos Mesa, decidió rechazar la invitación gubernamental a participar de la auditoría de las elecciones que comenzará en el día de hoy por parte de un equipo de especialistas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El ex mandatario entiende que los términos y detalles de este proceso fueron decididos entre la Organización y el Gobierno sin considerar los planteos de su espacio, en tanto que la legitimidad de la reelección de Morales sigue estando cuestionada por una buena parte del país. 

A este último se suma la figura de Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, que desde el inicio de estos conflictos marca la necesidad imperativa de anular las elecciones al tiempo que afirma que quien manda, pone y saca, es el pueblo.