En el cuarto encuentro programado, el ciclo “Comunidad de Ideas”, que se lleva adelante en La Usina Social de Rosario y cuenta abordó el tema de la violencia y el narcotráfico en una doble jornada desarrollada en las ciudades de Santa Fe y Rosario, que se denominó “Política de drogas en Argentina. ¿Cuáles son las respuestas posibles?”. La actividad contó con la moderación de los periodistas Gabriela Albanesi y Hernán Funes en uno y otro caso.

Marcelo Bergman (director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad de Tres de Febrero) comenzó por marcar “dos premisas: la primera es que las drogas son malas, cualquiera de ellas. La otra es que el problema de las drogas no se va a acabar, ya sean legales o ilegales, tengamos políticas estrictas o no. Va a haber un mercado y va a tener consumidores”. 

Sin embargo, señaló que “el consumo de drogas no implica que haya violencia, como lo muestran los países de Europa occidental, que tienen los mayores niveles de consumo de drogas duras per cápita y donde los niveles de violencia son bajísimos. En Latinoamérica, los países productores son Colombia, Perú y Bolivia. El primero tiene un alto nivel de violencia; en los otros dos, es relativamente menor. El microtráfico, por lo general, no acarrea violencia de por sí. Puede darse debido al enfrentamiento cuando hay una persecución fuerte por parte del Estado. Pero la mayoría de las veces tiene que ver con un conflicto entre bandas o personas por el derecho a traficar o controlar un área específica, como puede ser una barriada”.

En ese caso, el especialista advirtió que si el conflicto “no se detiene, escala a otras barriadas y llega a un punto crítico que, una vez superado, no crece de manera lineal sino exponencial y acelerada, y es muy difícil de revertir”. Un peligro adicional de esta situación es “la diversificación criminal que genera cuando los grupos que trafican también comienzan a dedicarse a otros delitos, como extorsiones, secuestros, trata de personas, robos de automóviles. Son delitos altamente letales y depredadores. Todavía no pasa en Argentina, pero sí está presente en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Colombia y noreste de Brasil”. No obstante, mencionó a Ciudad Juárez, Medellín y San Pablo como ejemplos en los que se pudo bajar el nivel de violencia vinculada al narcotráfico, y puso de relieve la presencia de “un amplia coordinación entre los organismos dedicados al tema” y “los recursos asignados para priorizar las acciones”.

Precisamente sobre este último aspecto, Gustavo González (secretario de Política Criminal y DDHH del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe) destacó que desde 2014 “distintas agencias del Estado provincial, del MPA y algunos gobierno locales  han venido elaborando herramientas analíticas y evidencias empíricas” de modo tal que, según afirmó, Santa Fe es hoy “el único Estado subnacional de Argentina que produce información válida y confiable sobre violencia altamente lesiva” 

Sobre esa base, precisó que desde 2014 y hasta el primer semestre de 2022, la violencia está concentrada en los departamentos La Capital y Rosario, donde se producen 8 de cada 10 homicidios. “Es una violencia de corte urbano, donde el 85% de las víctimas de homicidio son jóvenes, y dentro de ese porcentaje, el 55% no pasa los 30 años. Las muertes también se concentran en los núcleos poblacionales con mayor vulnerabilidad. Es decir, la violencia se concentra en las áreas de mayor desigualdad social”.  

En tanto, Valeria Haurigot (fiscal de la Unidad Especial de Balaceras de Rosario) expresó su preocupación con respecto “a la diversificación de la actividad delictiva de las bandas que comienzan con el narcotráfico, que ya se está dando en Rosario y que requiere soluciones prácticas con las leyes vigentes”. 

También señaló “los enormes problemas prácticos que genera la comercialización en pequeñas cantidades, el narcomenudeo, con resultados injustos y procedimientos de trabajo de mala calidad”. Al respecto se refirió a la ley N° 26.052 de Desfederalización de determinados delitos –a la que la provincia de Santa Fe no adhirió-, y consideró que sería “una herramienta positiva para evitar la superposición de las actuaciones de la justicia federal y la provincial, y el desgaste que supone”.

Como ejemplo, Haurigot reveló que la Unidad de Balaceras llevó a prisión en seis meses a 96 personas “relacionadas con delitos conexos a las drogas pero que, en realidad, derivan directamente de la interacción con el narcotráfico, lo que implica que toda la estructura judicial federal y provincial van a audiencia con las mismas pruebas”. 

Por su parte, Ana Clara Camarotti (especialista en planificación y gestión de políticas con foco en la promoción, prevención y vulnerabilidades en materia de salud), se refirió a los distintos modelos desde los cuales “se piensa y se construye la problemática del consumo de sustancias, los sujetos que consumen, y los contextos y escenas de consumo, para luego dar las respuestas para cada una de las situaciones”. 

En ese marco, puso el acento en “otros tipos de violencia, como la que padecen los usuarios cuando acuden a los efectores de salud y no reciben atención porque los profesionales sienten que no tienen por qué brindársela; o la que sufren de parte de la Policía cuando las drogas no son ilegales; o las mujeres que consumen en los barrios”. Al respecto, llamó a poner también el foco “en las malas respuestas que damos y la falta de acceso a tratamientos adecuados” así como en el hecho de que esos actores “no son tenidos en cuenta como voz autorizada” al momento de elaborar políticas puntuales.   

A su turno, Mariano Fusero (abogado y presidente de Reset-Política de Drogas y Derechos Humanos) habló sobre “el prohibicionismo” como única manera de abordar el problema de las drogas, una política que ha supuesto en distintas épocas “el control social de las poblaciones”. Puso como ejemplos “el intervencionismo de las potencias occidentales en países latinoamericanos en los 70” y “la criminalización selectiva aplicada a nivel local contra ciertos sectores políticos o de la contracultura”. También se refirió a la “cruzada antihedonista de administración de los placeres donde pesan criterios eclesiásticos que luego dan lugar al despliegue de ciertos dispositivos terapéuticos que tienen por detrás un interés económico”. 

Fusero apuntó, asimismo, a “la gran economía subterránea que sustenta esta política prohibicionista. Las ganancias que genera esa economía ilegal –indicó- quedan en un 44% en Estados Unidos y un 33% en Europa; un 20% en manos del tráfico de gran escala y un 3% en la comunidad andina y un 1% en el campesinado que produce las sustancias”. En cuanto a lo que produce el negocio millonario del lavado de activos, el experto afirmó que “queda de río Bravo hacia el norte; hacia el sur quedan los desplazados, los fumigados, los criminalizados, la lucha violenta de acceso a los mercados”, en un contexto de crecimiento del consumo y de la producción de drogas.

Por último, apuntó contra “la criminalización selectiva de personas que consumen”,  y “las estadísticas que sirven como base de campañas demagógicas punitivas para demostrar cierto éxito en la lucha contra el narcotráfico”.     

El ciclo se desarrollará de junio a noviembre y las actividades se pueden seguir por streaming. Todos los materiales están accesibles en la web y en las redes sociales del ciclo para que sigan circulando y ramificando sus reflexiones.

Comunidad de Ideas

Comunidad de Ideas es un espacio abierto y horizontal donde se podrán escuchar las voces de invitados especiales para pensar desde distintas disciplinas y sectores las formas de hacer y abordar cinco cuestiones específicas: la política, el ambiente, la seguridad, la igualdad y el desarrollo económico. El objetivo es reflexionar y construir propuestas superadoras sobre estas temáticas centrales que atraviesan a la sociedad.

En el primer encuentro Marina Dal Poggetto y Pablo Touzón abordaron la situación actual de la política, afectada por la crisis de representación y el ascenso de posiciones antisistema, entre otros aspectos. 

El segundo, con el eje “Opinión Pública después de la pandemia. Polarización y desconfianza”, contó con la presencia de Nacho Ramírez, Juan Germano y Natalia Aruguete.
Con la participación del Emmanuel Álvarez Agis, el tercer encuentro se denominó “Crisis cambiaria e inflación. Escenarios y salidas posibles”.

Participan de la organización de este ciclo instituciones locales, provinciales y nacionales como La Usina Social (Rosario), Demos (Santa Fe), Los Molinos (San Jorge), Centro de Estudios Regionales (Capitán Bermúdez), Centro de Políticas Públicas (Villa Constitución), Demos (Suardi), Compromiso (Sunchales), Cemupro (Buenos Aires) y la Fundación Estévez Boero.