En un principio, la medida vencía el 25 de enero y ahora se extiende hasta diciembre de este año. La medida se hizo efectiva a través del Decreto 39/2021, publicado en el Boletín Oficial. 

Según el decreto del Gobierno, tambiém habrá un tope de $500.000 para el plus o la duplicación indemnizatoria. Por ejemplo: si a un trabajador le corresponden $1.000.000 de indemnización, la doble no elevará el total a $2 millones, sino a $1.500.000.

Esta orden para contener los despidos no alcanza a las personas que hayan ingresado a sus trabajos luego de decretada la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de coronavirus, ni a los empleados públicos.

El texto, amplía hasta el 31 de diciembre la emergencia pública en materia ocupacional. Esto ya se había hecho en marzo del año pasado con el objetivo de limitar el impacto de la pandemia sobre los empleos registrados hasta ese momento.

En ese sentido, el decreto que lleva la firma del Presidente, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros que conforman el Gabinete nacional, prorroga la imposibilidad de efectuar despidos sin justa causa por el plazo de tres meses. La medida aplica a los privados, no al sector público, y se toma días antes de que venciera la prohibición vigente, el lunes.

También se establece la “prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de 90 días corridos” y quedan exceptuadas “las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias, como consecuencia de la emergencia sanitaria”.

El decreto también declara que los despidos y las suspensiones que violen lo dispuesto no producirán efecto, “manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

Por otra parte, también se extiende la doble indemnización “durante la vigencia de la emergencia ocupacional”, hasta el 31 de diciembre. De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente.