Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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Masivos robos se registraron en las playas de Ipanema y Leblón, ubicadas en la zona de Río de Janeiro, durante las celebraciones de carnaval en la madrugada del lunes 12 de febrero.
Varios grupos de jóvenes armados atacaron a turistas brasileños y extranjeros para robarles sus pertenencias, entre ellas, teléfonos celulares y dinero. Cuando oscurece en las playas, este tipo de delito de robos masivos y corridas en Brasil se denominan "arrastão" (arrastrón).
Si bien Río de Janeiro, que declaró estado de calamidad financiera, cuenta con el apoyo de 10.000 militares del Ejército patrullando la ciudad, no se pudo impedir el accionar de los delincuentes. De hecho, en uno de los asaltos en Leblón, dos policías resultaron heridos al tirotearse con delincuentes.
El gobernador Luiz Fernando Pessao anunció el pasado viernes 6 de febrero el refuerzo de la seguridad en Río de Janeiro, que alcanzó más del 95% de la capacidad hotelera en este feriado de Carnaval, la fiesta más popular de Brasil.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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