El ministro de Economía apunta a que ingresen al sistema sin tener que explicar su origen.

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En 29 de diciembre de 1990, en búsqueda de la "pacificación nacional", el ex presidente firmaba los indultos de Videla, Massera y Firmenich.
Hace 30 años, Carlos Menem decretaba una nueva serie de indultos. El 29 de diciembre de 1990, el ex presidente daba a conocer una segunda lista de indultos a militares condenados por delitos contra los derechos humanos y dirigentes montoneros que habían actuado en la década del ’70 y ’80.
La decisión buscaba crear las condiciones de la pacificación nacional. Antes, en octubre de 1989, a pocos meses de su llegada al poder, se había conocido la primera lista de indultos.
La cuestión se venía discutiendo desde hacía varios meses. En medio de una grave crisis social y económica, pocos eran los que hablaban de “borrón y cuenta nueva”. Pero el problema estaba instalado, y la idea también.
En ese contexto, Menem, que debía asumir en diciembre del ’89, pero que debido a la situación lo hizo unos meses antes, en julio, ya daba indicios de sus futuras medidas.
“Yo quiero ser presidente de un reencuentro, en lugar de transformarme en el líder de una nueva división entre hermanos. Por eso no vamos a perder tiempo para concretar la reconciliación de todos los argentinos”, expresó en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa.
Meses después, el 7 de octubre de 1989, el ex presidente sancionaba cuatro decretos, indultando a 220 militares y 70 civiles.
La segunda tanda de indultos se dio a conocer el 30 de diciembre de 1990 e incluía a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas, en 1985.
Pasaron más de 20 años para que los indultos fueran derogados. En 2003, el Congreso declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. A partir de ahí, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales los indultos referidos a crímenes de lesa humanidad y a reabrir los casos.
Finalmente, en 2006, a Cámara de Casación Penal consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.
El ministro de Economía apunta a que ingresen al sistema sin tener que explicar su origen.
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