El juez de Entre Ríos Raúl Flores no hizo lugar al pedido de desalojo de Dolores Etchevehere y los miembros del Proyecto Artigas de la Estancia Casa Nueva, tal como habían solicitado los fiscales, Oscar Sobko y María Constanza Bessa, y los abogados de Luis Miguel Etchevehere y su familia.

La decisión del magistrado, que reemplazó temporalmente al titular del juzgado, Walter Carballo (de licencia hace unas semanas), podrá ser apelada.

El fallo

Flores consignó que en la documentación presentada se acreditó que Dolores tenía derecho como heredera a una parcela del campo en disputa, debido a que en el expediente del juicio civil por la sucesión en trámite no se ha procedido a la partición de bienes.

“Le asiste razón a la defensa en cuanto a que, por todos los bienes existentes los hermanos son condóminos y dueños por igual, hasta que culmine el sucesorio”, sostuvo el juez. “Se deduce que la disputa familiar-hereditaria por la titularidad y/o posesión y goce del inmueble no puede ser resuelto en sede penal -por estar claramente confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado”, agregó.

El juez consideró que el ingreso al campo no fue violento.

En el escrito de cinco fojas, Flores consideró que el ingreso al campo no fue violento: “Al haber aclarado el Sr. Fiscal que el ingreso al Establecimiento en realidad fue pacífico y sin violencia, por haberse atravesado el guarda-ganado para ingresar al campo desde la ruta, que permanece abierto y sin obstáculos al libre acceso, a la par de haberse descartado el uso de cualquier tipo de armas en las denunciadas amenazas permite descartar el hecho típico de la violencia en la usurpación del inmueble, ya que el ingreso de 40 personas que acompañaban a Dolores Etchevehere no fue acompañado por prueba alguna de que alguno de ellos haya desplegado violencia o algún tipo de amenazas contra los empleados rurales”.

Tampoco consideró que la entrada de las personas que acompañaron a Dolores se haya hecho con engaño, al haberse presentado como heredera del campo. “Cabe preguntarse en qué consiste o consistió el “engaño”, ya que la señora dio su nombre y apellido sin ambages, y los empleados saben que los patrones son la familia Etchevehere, aunque nunca hayan visto o conocido a la totalidad de los hermanos o familiares (el lic. Rubiolo a cargo del campo, declaró que conoce a Dolores hace más de 30 años); por su parte, darse también a conocer como “heredera”, es lo que la propia Fiscalía probó en la audiencia con la declaratoria de herederos que le enviara el Juez Civil nº 7 (de Paraná) a cargo del sucesorio y donde fuera declarada también heredera Dolores Etchevehere. No hubo tal engaño en el proceder de la mencionada, no invocó ella a su ingreso al campo ni más ni menos de lo que es: una Etchevehere, heredera de don Luis F. Etchevehere”, señaló.

Ante la resolución, el ex ministro de Agroindustria instruyó a su abogado para que apele. “Al no tener conocimiento técnico en derecho penal, en vez de dictar el desalojo, el juez recomienda a los hermanos que tengamos una reunión y nos reconciliemos. Realmente pensamos que el juez no evaluó profundamente las pruebas presentadas. Él omite un conocimiento del derecho penal y su formación en derecho de familia aconseja a las partes a llevar a la familia a buscar una reconciliación”, explicó.

Y afirmó: “Esta no es una discusión familiar. Es un delito penal realizado por un grupo de 40 personas. Los dos fiscales dijeron que el verdadero dueño del campo es La Margarita S.A y que las personas que están en el campo no tienen ningún título como para estar ahí adentro”.

A su vez, dijo que se va a quedar en la puerta del establecimiento “hasta el último día” y avisó que se va a quedar ahí “hasta que la Justicia restituya a sus verdaderos dueños la ocupación del campo”.

“Acá claramente se violó el artículo 181 del Código Penal”, completó.