En el día de hoy la provincia de Buenos Aires formalizó su adhesión al protocolo de aborto no punible que había restituido la por entonces Secretaría de Salud de la Nación a dos días de haber asumido funciones. 

El acto se realizó desde las 11:00 en la sede de la cartera sanitaria provincial, ubicada en la ciudad de La Plata, al tiempo que dijeron presente el titular del área de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.

Poco antes de asumir como ministro, el propio Gollán había afirmado su decisión de adherir a la guía actualizada para la interrupción del embarazo.

“Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República”, explicó Gollán. 

En esta línea afirmó además que “la ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema”.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires se sumó a la de Santa Fe, que el pasado miércoles también oficializó su adhesión al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. 

El texto oficial apunta a los casos de aborto no punible previstos desde 1921 en el Código Penal: si se realiza “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, precisa el artículo 86.

Vale recordar que el pasado 12 de diciembre, el flamante titular del restablecido ministerio de Salud, Ginés González García, adelantó la potencial restitución del protocolo de aborto no punible que el ex mandatario Mauricio Macri derogó por decreto el 22 de noviembre último. 

En esta línea, el titular de la cartera de Salud precisó que la Ley Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) regirá en todas las provincias: al tiempo que “si quieren adoptar o no el protocolo será una cuestión de cada Gobierno”. 

Al respecto se pronunció Elizabeth Gómez Alcorta, quien tras liderar la capacitación sobre los funcionarios contemplada en la Ley Micaela, ratificó que "la ley es una ley nacional que invita a adherir a las provincias". 

"Hace algunos días terminaron de adherir 21 provincias en total. Hay algunos déficit de implementación en cada una de las provincias. Estamos llevando desde el ministerio una ronda de reuniones con muchas secretarías en cada una de las  provincias para poder colaborar, hacer federal y universalizar la capacitación", cerró.