El pasado viernes 14 de diciembre el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, confirmaba que el senador Juan Carlos Marino había decidido “declinar sus fueros" frente a la denuncia en su contra realizada por Claudia Guebel.

Con esto hacía referencia a que Marino, como Senador nacional, cuenta con la figura legal de los fueros, inmunidad legislativa que imposibilita que sea detenido en caso de ser encontrado culpable de algún delito que lo amerite.

De igual modo, Jorge Romero, senador por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, sostuvo primero su renuncia a la banca, algo no oficializado y que podría decantar en un pedido de licencia. En su caso también por una denuncia que mantuviera Stephanie Calo, ex integrante de la organización La Cámpora.

¿Qué son los fueros parlamentarios?

El 8 de septiembre del año 2000 se sancionó la Ley de Fueros, un “Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados”.

Lo cierto es que se trata de una protección para senadores y diputados, un derecho garantizado desde la propia Constitución Nacional donde se determina que un legislador no puede ser encarcelado durante su mandato, a menos que haya sido desaforado.

La idea detrás de esta protección es apuntalar la división de poderes e impedir que se encarcele a integrantes de los otros poderes del Estado por cuestiones políticas.

¿Por qué renunciar a ellos es innecesario?

Si bien no hay un consenso al respecto de la posibilidad real de renunciar a los fueros, lo cierto es que en estos casos, la medida no tiene ningún impacto en el desarrollo de las investigaciones en cuestión. 

Lo cierto es que los fueros son del cuerpo y no de los miembros. Por tanto, sólo el Congreso puede quitarlos. Esto significa que para que tenga lugar el arresto de un legislador, en caso que quede corroborado el delito, deberá llevarse adelante el desafuero. 

¿Existen antecedentes de este tipo de prácticas?

En 1997, Eduardo Angeloz, de la Unión Cívica Radical, solicitó su desafuero como senador para ser juzgado por delitos contra la administración pública. La cámara aceptó el pedido, y en un proceso que duró 60 días, el legislador fue sobreseído y finalmente recuperó los fueros.

Un estrategia similar fue realizada por el equipo 1 País que por entonces comandara Sergio Massa, así como por el jefe del bloque de diputados por el PRO, Nicolás Massot, entre otros. No obstante, en estos casos, la decisión fue declarativo pero no de carácter vinculante.