La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, debió ser retirada hoy con custodia policial en el marco de la primera audiencia del juicio que enfrenta por presunta corrupción, tras no acatar el pedido de silencio de la jueza a cargo del tribunal, Alejandra Tolaba.

La dirigente social expresó que la audiencia no debía llevarse a cabo después de que no se resolviera el pedido de recusación sobre las juezas presentado por su defensa, y denunció que su abogado Luis Paz fue sancionado con una multa y amenazado con la suspensión de su matrícula como represalia.

"Quiero marcar el error que ustedes están cometiendo. No se puede iniciar esto. Han sancionado a mi abogado y ustedes no han resuelto nada. En el único juzgado que está pasando esto es acá en Jujuy", esgrimió Sala como argumento en una causa que la investiga por el manejo de fondos públicos en la construcción de viviendas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En la causa denominada "Pibes Villeros", la presidenta del Tribunal en lo Criminal 3, Alejandra Tolaba, llamó a silencio a la acusada en reiteradas ocasiones, pero al advertir que la dirigente social no cesaba en el uso de la palabra, dispuso que la apartaran de la sala de audiencias.

"Bueno, vamos, no tengo problema", respondió Sala, quien se levantó de su asiento y se retiró custodiada por efectivos policiales. Cuando se iba, la mujer criticó a Tolaba y afirmó que había reprobado los concursos para integrar el juzgado que encabeza.

Sala es acusada de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión en una megacausa que involucra a otros 30 imputados entre los que se hallan integrantes de la Tupac Amaru y ex funcionarios provinciales y municipales.

El fiscal Diego Cussel, quien suscribió la solicitud de elevación a juicio, dictaminó que la organización Tupac Amaru funcionaba como una "asociación ilícita" comandada por Sala para "defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o de terceras personas". 

En ese sentido, Cussel aseguró que ese delito se llevó a cabo "mediante el despliegue de medios intimidatorios, utilizando el esquema de actuación de la misma y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo".

La acusación denuncia que algunos presidentes de cooperativas ligadas a la Tupac Amaru cobraban por ventanilla de bancos cheques por montos de hasta 50.000 pesos para eludir el pago de impuestos y luego transportaban los fajos de billetes en bolsos hasta el domicilio particular de la líder de la agrupación.

Más tarde -siempre según la denuncia del fiscal- se abrió una cuenta especial a nombre de la Cooperativa Pibes Villeros Ltda., en la que se depositaban los cheques de los planes habitacionales adjudicados a las cooperativas de la Tupac. La investigación determinó que nunca aparecieron las certificaciones de avance de obra ni las actas de finalización.