Un tribunal de Perú admitió un recurso de hábeas corpus que pide anular las designaciones realizadas por parte de Pedro Castillo sobre la figura de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros (jefe del gabinete) y de Iber Maraví como ministro de Trabajo, informó la prensa internacional.

El recurso fue interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Lima por cuatro ciudadanos que, según se informó, son oficiales retirados de las fuerzas armadas.

Los demandantes sostuvieron que tanto Bellido y Maraví “tienen relación o han mostrado estar a favor de personas y/o grupos vinculados al terrorismo y/o a facciones extremistas que son objeto de investigación y lucha por el personal de las fuerzas armadas y policial”.

Además, solicitaron que se ordene al presidente Pedro Castillo que se abstenga de designar en cargos de influencia sobre sectores como la policía y las fuerzas armadas a personas investigadas por “vínculos con el terrorismo”.

De igual medida, el pedido requiere que se ordene al personal militar y policial “no entregar” a Bellido y Maraví “información vinculada a acciones o programas de inteligencia, contrainteligencia, planes, estrategias, tácticas o demás acciones contra el terrorismo y el narcoterrorismo”.

La demanda argumentó que Bellido “es una persona que exalta a una terrorista, que tiene una investigación fiscal por apología del delito de terrorismo, y que incluso ha sido investigada por la misma Policía Nacional”.

Agregó que Maraví tiene vínculos con dirigentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado una organización de fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Por otra parte, el ministro del Interior, Juan Carrasco, informó que renunció al cargo de fiscal penal en la provincia de Chiclayo, después de que la fiscalía anunciara ayer que le abrió una investigación por presunta “mala conducta” debida a la “incompatibilidad” entre el ejercicio de los dos cargos.

Bellido, Maraví y Carrasco juraron sus cargos en la noche del jueves pasado con una demora sin precedentes, más de 24 horas después de que Castillo jurara el suyo ante el Congreso.

El gabinete aún tiene pendiente el voto de confianza del parlamento, requisito constitucional para su continuidad.

En caso de que no lo lograra, Castillo tendría que proponer a otro candidato sobre los casos objetados. Si ese segundo tampoco recibiera la confianza de la Cámara, el presidente podría cerrar el Congreso y convocar elecciones legislativas anticipadas.