El programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) consiste en el subsidio del 50% del salario, con un tope de $33.700, de los trabajadores de empresas que vieron caer su facturación con respecto al mismo mes del año pasado. Se trata de una ayuda hacia las empresas que se vieron afectadas por el parate económico generado por la pandemia del coronavirus. 

Unas 280.000 firmas se encuentran inscriptas a la ayuda estatal. Hasta el momento, la medida ya alcanzó a 2.300.000 trabajadores, de los cuales 1,7 millón trabajan en empresas de hasta 200 empleados. Sin embargo, el Gobierno implementó algunos cambios en las condiciones del programa, que hicieron encender las alarmas en las grandes compañías que operan en nuestro país.

Beneficiarios

Originalmente, el ATP estaba destinado hacia empleadores con hasta 800 empleados en sus filas. Pero, con el correr de las semanas, el Gobierno decidió levantar esta restricción. De esta forma, se pasó a subsidiar a las grandes compañías que operan en el país, tanto nacionales como multinacionales. 

Así, el Estado comenzó a ayudar económicamente a grupos empresarios que a simple vista no deberían tener problemas de caja. Firmas como el Grupo Clarín, Techint, la Sociedad Rural o Vicentín son algunas de las que integran esta lista. 

Históricamente, las ganancias de estas empresas son y fueron tan grandes que una parte considerable de sus utilidades es girada al exterior. Por caso, el Grupo Techint fugó más de u$s 500 millones sólo entre 2015 y 2019. El Grupo Clarín hizo lo propio a través de Telecom por unos u$s 650 millones. Incluso, el Estado financia a una empresa denunciada por haberlo defraudado a través del Banco Nación, como es el caso de la cerealera Vicentín. 

Restricciones

La situación generó muchos cuestionamientos al Gobierno. ¿No es contradictorio que el Estado ayude a pagar los salarios de empresas multimillonarias que no dejan sus beneficios en el país? En respuesta a las críticas, se establecieron algunas restricciones para los salarios complementarios correspondientes al mes de mayo.

De esta forma, las compañías tendrán prohibido distribuir utilidades (ganancias) entre sus accionistas, estarán imposibilitadas a recomprar sus acciones, no podrán realizar operaciones con paraísos fiscales, ni tampoco acceder a la compra de dólares bursátiles como el MEP o el contado con liquidación (ccl). Estas restricciones tendrán una vigencia de 12 meses, que se extiende a 24 para las empresas con más de 800 empleados. 

Respuesta

Una vez conocida la nueva normativa, distintas firmas comenzaron a averiguar la forma de devolver el subsidio o darse de baja. Para devolver los fondos otorgados por la Anses, el Gobierno creó un sistema de reintegros. Para darse de baja del subsidio, la AFIP habilitó una solicitud en su página web. 

Esto hizo que, hasta el momento, cerca de 300 empresas ya hayan tramitado su salida del programa ATP. Al realizar esta operación, queda al descubierto que algunas firmas poseen una espalda lo suficientemente grande como para priorizar el envío de dinero al exterior al beneficio de un subsidio. 

Evidentemente, una cantidad de empleadores no necesitaban la ayuda estatal para continuar con su funcionamiento normal. El Gobierno intenta ahora controlar la entrega de fondos de forma indiscriminada mediante nuevas regulaciones. En las últimas horas, trascendió que el programa abarcaba salarios de CEOs. En respuesta, el Gobierno excluyó del ATP a los empleados que cobren más de $250.000 mensuales brutos.

La situación es insólita: los mismos empresarios que reclamaban una ayuda estatal terminaron pidiendo a la AFIP la posibilidad de darse de baja. El trámite requerido para prescindir del salario complementario se puede realizar hasta el 31 de mayo. ¿Cuántas empresas se bajarán? ¿Quiénes se arrepintieron de recibir los subsidios de la caja de la Anses y priorizaron el giro de utilidades al exterior? El lunes tendremos las respuestas.