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El próximo miércoles 4 de abril, un proyecto de ley de infraestructura social elaborado por movimientos sociales será presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa busca que el 25% de la obra pública sea adjudicada a cooperativas de la economía popular, asi como que se destine una reserva presupuestaria para financiar estructuras en villas, asentamientos y barrios populares.
Mañana 11hs en @HCDiputadosBA panel por la Ley de Infraestructura Social impulsada por los Movimientos Populares @EnMovPop para la inversión del 25% de obra pública en villas, asentamientos y barrios populares por cooperativas. pic.twitter.com/L5YOAu3YLL
— Patricia Cubria (@patriciacubria) 3 de abril de 2018
La propuesta, a presentarse en un panel que se reunirá a las 11 hs en el Auditorio del Anexo en la calle 53 entre 8 y 9 de La Plata, será presentada por los diputados provinciales Patricia Cubría y Julio Pereyra; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; el diputado nacional Daniel Arroyo; los referentes de Barrios de Pie y de la Corriente Clasista y Combativa, Daniel Menéndez y Juan Carlos Alderete; el secretario general de la CTEP Esteban "Gringo" Castro y el secretario ejecutivo de la Pastoral Social, el presbítero Rubén Marchioni.
Cubría se refirió al proyecto y expresó que intentan crear un Régimen de Promoción y Desarrollo de los Trabajadores de la economía popular, social y solidaria de modo que "parte de los fondos de la obra pública provincial vaya a obras de infraestructura, arreglos y saneamiento de los barrios populares bonaerenses que están viviendo en emergencia habitacional".
Además, la legisladora de Convicción Peronista argumentó que si las obras la hacen las cooperativas "se promueve la creación de puestos de trabajo dignos porque son los trabajadores los que dinamizan la economía del mercado interno".
Finalmente, Cubría destacó la importancia de debatir el proyecto con todos los bloques y con el gobierno provincial porque, remarcó, "hay hacinamiento, contaminación, falta de cloacas y de acceso al agua que deben ser atendidas con urgencia".
"De este modo buscamos la posibilidad de garantizar trabajo y un hábitat digno", concluyó.
Los jueces consideraron que el planteo de la Tabacalera Sarandí carecía de fundamentos y cerraron la causa.
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