Alrededor de las 8 de la mañana del 5 de febrero de 2014, un incendio comenzó en el depósito de documentación de la empresa Iron Mountain. En ese amplio galpón algunas de las empresas más importantes del país guardaban documentación: entre ellas, DirecTV Argentina, Cargill S.A.C.I., Prudential Seguros SA, Telefé, Galicia Seguros SA y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Siete dotaciones de bomberos de la Policía Federal y los voluntarios de los cuarteles de Vuelta de Rocha y La Boca acudieron al lugar para extinguir las llamas.

Los primeros agentes que llegaron encontraron el portón de acceso al depósito herméticamente cerrado. A las 9.15, mientras intentaban ingresar por una puerta de la calle Jovellanos, una pared de más de diez metros de alto se derrumbó sobre la vereda y cayó encima de los bomberos: ocho de ellos murieron, además de dos rescatistas de Defensa Civil.

Las víctimas de aquella tragedia fueron Damián Véliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Anahí Garnica, la primera mujer bombero de la Policía Federal y Juan Matías Monticelli, del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal. También fallecieron Leonardo Arturo Day, jefe del Departamento Zona I de la Superintendencia Federal Bomberos, Julián Sebastián Campos y Facundo Ambrosi del cuartel de Voluntarios de Vuelta de Rocha; José Luis Méndez y Pedro Baricola, de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires.

Han pasado ocho años del hecho, y los familiares de las víctimas aún esperan un nuevo pronunciamiento de la Justicia: que especifique quiénes fueron los responsables y si se trató de un hecho intencional.

Este escenario de duda quedó configurado así desde el 29 de diciembre de 2020, cuando la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de doce ex funcionarios del Gobierno porteño -por entonces a cargo de Mauricio Macri- y cinco directivos de Iron Mountain.

En aquel fallo, la Cámara del Crimen aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los "defectos" de la instrucción del sumario y sostuvo que los procesamientos ordenados en febrero de 2018 habían sido dispuestos luego de una "grotesca" y "deficiente investigación", por lo que le ordenó al juez Pablo Ormechea dictar una nueva resolución.