El Tribunal Oral Federal 2 de CABA condenó a prisión perpetua a tres ex militares del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra cinco personas durante la última dictadura cívico-militar.

Resultaron condenados los ex oficiales del Ejército Horacio Linari, Emilio Pedro Morello y Martín Eduardo Sánchez Zinny, quienes fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. El tribunal decidió absolver a los otros dos imputados, Rubén Andrade y Luis Alberto Brun.

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos había solicitado prisión perpetua para los cinco acusados, por lo que una vez publicados los fundamentos de la sentencia, previstos para el 6 de octubre, analizará si recurre las dos absoluciones. También había solicitado que el cumplimiento de la pena fuera en una cárcel común, sin embargo, el Tribunal decidió que los tres condenados continúen con el beneficio de la prisión domiciliaria.

Este es el primer juicio oral que abarca los delitos cometidos por la patota del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes. A partir de testimonios de sobrevivientes, conscriptos e incluso de personal militar subalterno, se reconstruyó el rol activo que tuvo este destacamento militar en el plan sistemático de detención, tortura y exterminio.

Como subtenientes, Brun, Linari, Morello y Sánchez Zinny fueron jefes de sección dentro de las Compañías de Infantería A, B y C del Regimiento, mientras que Andrade era cabo primero y jefe del grupo de Tiro de la Compañía A.

El debate abordó los crímenes cometidos contra cinco personas que militaban en el PRT-ERP y estaban vinculadas a la edición, impresión y distribución de las revistas El Combatiente y Estrella Roja.

Los hechos ocurrieron durante dos operativos represivos realizados el 14 de junio de 1976 en una casa en Haedo, en el que fueron secuestrados Pedro Oscar Martucci y Rocío Ángela Martínez Borbolla, ambos continúan desaparecidos; y el 10 de julio siguiente en una casa de la localidad de San Andrés (partido de San Martín), en la que fueron secuestrados y torturados Pablo Pavich y una persona sin identificar y fue asesinado Jorge Emilio Arancibia.

La causa llegó a juicio por 32 víctimas más, pero con el apartamiento por incapacidad de Alberto Schollaert, quien fue jefe del Regimiento, esos hechos quedaron fuera del debate y el Tribunal rechazó los pedidos de querellas y fiscalía para incluirlos en base al derecho a la verdad.

Tampoco pudieron ser juzgados por fallecimiento o por incapacidad los ex oficiales del Ejército Serapio Eduardo Del Río, Luis Felipe Fernández Bustos y Gustavo Delfor González Sass.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante y también participó a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas, que acompañó a familiares y sobrevivientes durante el debate, y del ex Programa Verdad y Justicia, hoy parte de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, en la elaboración de informes sobre el funcionamiento del Regimiento y su rol durante el terrorismo de Estado.