Tras la grave vulneración de derechos qué sufrió la pequeña de 11 años de Tucumán -que quedó embarazada tras ser violada por la pareja de su abuela y a quien le correspondía un aborto por ley- organizaciones feministas y de Derechos Humanos decidieron denunciar a funcionarios provinciales.

Existen dos presentaciones penales: una de ellas radicada en Tucumán y la otra, en Capital Federal. La primera está respaldada por la Fundación Mujeres x Mujeres (MxM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir y apunta contra:

• La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla
• El secretario del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), Gustavo Vigliocco
• La directora del hospital Eva Perón donde estuvo internada la niña, Elizabeth Ávila
• La jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid

Todos ellos fueron acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Según dio a conocer el sitio La Nota, en el texto se lee: "Denunciamos que se dilató ilegalmente el acceso a la salud creándose barreras médico-burocráticas que configuran violencia institucional. Denunciamos que la atención clínica en este caso estuvo plagada de violaciones a los derechos de una niña como 'paciente' que se traducen en el incumplimiento de los deberes que todo funcionario público que preste servicios sanitarios tiene".

Por otro lado, las integrantes de Patria Grande Elizabeth Gómez Alcorta, Gabriela Carpinetti, Cecilia Merchán, Ofelia Fernández y Victoria Freire acudieron a los tribunales federales porteños para denunciar a Chahla, Vigliocco, Ávila y, además, al gobernador tucumano Juan Manzur, la fiscal Adriana Giannoni y a Washington Navarro Dávila, ministro Público de la Defensa de Tucumán, por el delito de abuso de autoridad.

"Los funcionarios públicos han incumplidos diversas normas a través del dictado de resoluciones o por medio de ciertas acciones u omisiones, por lo que entendemos que corresponde realizar una pesquisa a fin de corroborar los extremos presentados y las eventuales responsabilidades", se lee en un apartado del escrito.

"Queda claro aquí que diferentes funcionarios han llevado adelante una serie de acciones y de omisiones contrarias a estas disposiciones legales. La judicialización del caso y la demora en la realización de la práctica por parte del Sistema de Salud Provincial, encabezado por Vigliocco con el aval del Ministerio de Salud a cargo de Rossana Chahla e incluso del Gobernador de la Provincia Juan Manzur resultan palmariamente contrarias a las mismas e incluso a las disposiciones de Tratados Internacionales de Derechos Humanos", continúa la presentación.