Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.

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El establecimiento en Liniers fue cerrado tras un allanamiento de la Policía de la Ciudad. Cuando los efectivos llegaron, había pacientes esperando ser atendidos.
Un centro médico en Liniers que funcionaba pese a tener una clausura vigente y donde también se emitían certificados falsos de COVID, fue cerrado tras un allanamiento del que participaron la Policía de la Ciudad y distintas dependencias nacionales y porteñas.
En el lugar, las autoridades también encontraron residuos patogénicos sin tratamiento ni disposición adecuados y certificados impresos con sellos de médicos de diferentes especialidades listos para ser completados.
En el allanamiento al establecimiento, ubicado en Ramón Falcón al 6900, participaron oficiales de la División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad junto Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal.
Además, a pedido de la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Carlos Rolero Santurain y la Secretaría, bajo la órbita de Ricardo Bomparola, concurrió personal del Ministerio de Salud de la Nación, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), de la Dirección General de Limpieza (DGLIM) y del Departamento de Investigaciones de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
La denuncia fue radicada el 17 de noviembre de 2021 por un profesional de la salud, que daba cuenta que en el centro médico se emitían certificados falsos, utilizando su firma digitalizada y la razón social de la empresa a la que pertenece, simulando ser una sucursal.
Previamente, en febrero pasado, el centro médico había sido clausurado por poseer habilitación en trámite y no habilitado en uso, luego de una inspección por una denuncia de un vecino que indicó que en el lugar se arrojaban a la vereda residuos patogénicos sin la debida protección.
El allanamiento solicitado por el fiscal fue autorizado por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 3, a cargo de la doctora Carla Cavaliere y ante la Secretaría de la doctora María Elizalde.
Los oficiales secuestraron tres PC dos teléfonos celulares, el DVR del lugar y documentación, entre ella certificados de PCR apócrifos. También comprobaron la maniobra de extender esos certificados con un sello de un laboratorio ajeno.
Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.
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