Hace seis días que las calles están repletas de colombianos y colombianas que marchan en contra del proyecto de reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque Martínez.

La iniciativa del mandatario incluía, entre otras cosas, un aumento en los impuestos sobre productos básicos y servicios públicos, aspirando a recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para rescatar la economía. 

El año pasado, el PBI registró una caída del 6,8% y el desempleo trepó al 16,8%. Además, casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza afecta al 42,5% de la población, un porcentaje que representa a unos 21 millones de ciudadanos.

"No nos dan oportunidad a los pobres de nada. Nos quieren ahorcar más", es la expresión generalizada, que retrata la desigualdad.

Las protestas se enmarcan, además, en un país que ya venía golpeado por otras cuestiones, como la reforma a la salud, el desplazamiento de campesinos, el aumento de femicidios, abuso policial y precarización laboral. A esto, se suman los reclamos contra el presidente, involucrado en procesos judiciales relacionados con el narcotráfico, entre otros delitos.

“Eso es lo que hace que Colombia sea un gran elefante de corrupción que tiene las puertas cerradas para las nuevas generaciones”, explica para Filo.News Natalia Restrepo.

Finalmente, la protesta triunfó y el presidente retiró la reforma tributaria, pero se estima que la represión dejó más de 21 muertos. 

El paro nacional continúa y Colombia sigue sumida en una profunda crisis de derechos humanos. Se denunciaron asesinatos, agresiones y personas desaparecidas. Todavía persiste la militarización del país y se están evaluando las consecuencias de la represión policial de los últimos días.

En el país piden la intervención de organismos internacionales para garantizar el derecho a la protesta y a la vida.

"No sé está gente dónde leyó que la democracia y la represión venían en el mismo paquete", cerró Natalia.