Las palabras, a veces, son tramposas: dicen una cosa y hacen otra.

Detengámonos, por ejemplo, en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que, con pompa y presupuesto oficial, se celebra en la ciudad de Córdoba desde hoy. ¿Qué significa que es un congreso “de la lengua española”? ¿Que se reúnen en él sus hablantes, representantes de más de 570 millones de personas de diferentes regiones, estratos sociales, acentos y comunidades que se apropian de la lengua y la transforman cada día?

La respuesta es simple: no. Es, en realidad, la reunión que organizan cada tres años el Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el gobierno anfitrión en distintos países (siempre hispanohablantes y en ciudades que no son capitales) para difundir y tejer acuerdos culturales, educativos y comerciales sobre la lengua española en el mundo. Digamos que más que un congreso (en el sentido científico, de intercambio de discusiones) sobre la lengua, es una ronda de negocios en torno a las “industrias de la lengua” (cine, televisión, música, medios de comunicación, mundo editorial, traducción, recursos digitales) y al sector terciario de servicios (telefonía, bancos, energía, aeronáutica y turismo), con auspicio oficial y barniz de evento cultural.

Uno de los principales beneficiarios de este Congreso es el Instituto Cervantes (ya veremos por qué). El otro es la Real Academia Española, que merece (y tendrá) una nota aparte.

El Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes es una institución pública, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que pretende centralizar la enseñanza y la certificación/acreditación del español en todo el planeta. Fue creado en el año 1991 como parte de la nueva política exterior española, en el marco de las “celebraciones” por los 500 años de la Conquista de América. En la actualidad, cuenta con 87 centros en 44 países de los 5 continentes.

Su principal negocio es la enseñanza y certificación de español como lengua extranjera (clases, materiales didácticos, cursos, formación y capacitación docentes y plataformas virtuales): en 2018 hubo casi 22 millones de estudiantes (21.815.280, para ser exactos). El mercado potencial que tiene como objetivo es el de las 90 millones de personas en todo el mundo que están aprendiendo español, o aprendieron un poco, o quieren hacerlo. Estados Unidos, Reino Unido y China son, según el último informe del Cervantes, sus principales objetivos inmediatos. El mercado del español reporta globalmente a España alrededor de 164.000 millones de euros cada año.

El Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) es, desde la fundación del Cervantes, su principal instrumento de certificación: una especie de First Certificate para el español. En nuestro país, los intentos de implementar el DELE fracasaron siempre por la resistencia de las universidades nacionales, que crearon su propio examen de español, el Certificado de Español, Lengua y Uso (CELU).

El CELU es un instrumento científicamente  diseñado que respeta las formas de hablar americanas y la soberanía de los países de la región para legislar sobre la lengua y su enseñanza. Sin embargo, la rosca del Cervantes no se detiene: en 2016, logró que la Universidad de Buenos Aires adhiriera a su nuevo servicio internacional de evaluación, tirando por la borda años de trabajo lingüístico, pedagógico y político. Es muy probable que uno de los resultados catastróficos del Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba sea la incorporación de más centros universitarios al Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que lleva adelante el Cervantes.

¿Sirven, entonces, los congresos de la lengua?

Los congresos de la lengua sirven: le sirven fundamentalmente a España para promover su lugar protagónico en el mercado lingüístico global, es decir, para continuar siendo la “dueña” de la lengua. Según un informe de Fundación Telefónica (ejem…), el idioma español genera el 16% del PBI de España, y da trabajo a 3,5 millones de personas en ese país.

Para mantener ese lugar necesita: 1) rosca política: para que los gobiernos de los países hispanohablantes decidan entregar (con más o menos resistencia) las riendas de sus políticas lingüísticas, y 2) legitimidad cultural: que referentes culturales, literarios, mediáticos y educativos los sigan reconociendo como autoridades indiscutibles sobre la lengua.

Para entender de dónde sale esta legitimidad, tenemos que conocer en profundidad a la otra protagonista de esta historia: la Real Academia Española.

Pero eso lo dejamos para otra nota.

*Lingüista. Profesor en Universidad Nacional de San Martín, investigador del CONICET.

**Lingüista. Profesora en Universidad Nacional de Buenos Aires, investigadora del CONICET.