La Ley de Cupo laboral para personas transgénero, travestis y transexuales, establece que se contraten un mínimo de integrantes de la comunidad como parte del personal de la administración pública y organismos estatales. Una victoria para las y los activistas LGBTIQ+ que reconoce décadas de exclusión y discriminación por género.

“Una reparación histórica” en forma de ley, así lo describían las activistas trans hace exactamente un año atrás. La norma, establece puntualmente un cupo laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad y deben ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total de los empleos.

La letra de la ley

La norma estipula que el Estado Nacional debe garantizar un mínimo del 1 por ciento de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Además, tiene que cumplir una serie de obligaciones de no discriminación en el acceso a los puestos de trabajo, con incentivos económicos para contrataciones en el sector privado, y apoyo financiero para proyectos productivos travestis trans.

"Esta ley es el orgullo de la política”, celebró en su momento la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, y una de las principales promotoras de la iniciativa.

"Es reconocer que hay una población que es violentada y excluida únicamente por su identidad de género, y con su aprobación marcamos un hito para transformar eso de una vez y para siempre”, completó la legisladora.

La norma, pionera en la región, reconoce el antecedente del decreto presidencial de 2020 en el mismo sentido, y se inscribe en una serie de medidas de ampliación de derechos para este colectivo, entre las que se destaca también la ley de identidad de género sancionada en 2012.