El viernes 3 de septiembre una médica salteña fue detenida por garantizarle a una paciente su derecho a una interrupción legal del embarazo (ILE). Su nombre es Miranda Ruiz, tiene 33 años, trabaja como médica clínica en Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad salteña de Tartagal y este domingo brindó una entrevista a El Tribuno.

En diálogo con el medio local la mujer contó su experiencia luego de ser detenida y alojada por más de seis horas en una celda de la Fiscalía de Tartagal por un procedimiento de una ILE de más de 22 semanas a una joven de 21 años, llevada a cabo en el Hospital donde trabaja.

Según trascendió, Miranda es la única médica de la institución que no es objetora de conciencia, por ende, la única que pudo llevar a cabo este procedimiento que es legal en todo el país.

Tras la intervención, Ruiz fue denunciada por la familia de la chica a la que se le realizó el aborto. Luego, la detención fue requerida por Gonzalo Ariel Vega, fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

Fue Héctor Fernando Mariscal Astigueta, quien está a cardo del Juzgado de Garantías II, quien determinó la detención de la profesional que se encuentra realizando la residencia para ser médica de familia en dicho centro de salud.

Tras la detención, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y organizaciones de derechos humanos convocaron a un "pañuelazo" en reclamo de su inmediata liberación y sobreseimiento. Horas más tarde, fue liberada pero continúa imputada con una causa penal.

En diálogo con El Tribuno, Ruiz agradeció el apoyo que recibió "de la comunidad de Tartagal, de los pacientes, de los familiares y sus amigos, del personal del hospital Perón, de las organizaciones sociales que salieron en Salta, en Tartagal y en Buenos Aires a pedir que me liberen. A toda esa marea verde hermosa que salió a nivel nacional. A todo el apoyo del Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación", enumeró.

Sobre la causa judicial, la médica indicó que se trata de un caso de lawfare al que calificó de "desopilante" y "surrealista" ya que todo comenzó a partir de la mediatización de una información falsa que circuló en medios de comunicación: "Se quiso generar un clima de animosidad contra mí nombrándome en los medios locales, acusándome de delitos que yo no cometí", dijo.

"Solamente tenían la intención de persuadirme a mí y a la paciente, luego de castigarnos, por haber cumplido con la ley", agregó sobre la causa que se encaminó sin pruebas, sin investigación previa y a partir de la denuncia de una familiar de la paciente. Según la ley, la única persona autorizada a denunciar en estos casos es la persona intervenida.

En esa línea, aseguró que "este caso se está utilizando políticamente en la provincia porque una legisladora provincial también ha dicho mi nombre y ha expuesto el caso para defender sus intereses", contó.

"No me pueden armar una causa judicial si yo no cometí ningún delito. Todo está escrito perfectamente en la historia clínica. Jamás me imaginé que me iban a abrir una causa penal. Yo lo vivía como un circo mediático y hasta me reía de las ridiculeces que decían; pobre paciente. Eso fue hasta que un fiscal pidió mi detención", agregó en diálogo con el medio.

Luego, aseguró que no se trató de una detención violenta y que recién un día antes se asesoró con un abogado: "Antes del jueves yo pensaba que todo era un show mediático, y no entendía que estaba siendo parte de un lawfare", indicó.

Al final, aseguró que el Ministerio de Salud la apoyó en todo momento y que la situación le dio más fuerzas para seguir militando el fortalecimiento e implementación de la ley a nivel local: "Yo no estuve sola nunca. Me apoyaron desde la Provincia, las compañeras de la Red de Profesionales, porque todo es una locura y originó mucha angustia", cerró.